28.08.2025 / JUDICIALES
Causa de YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de Argentina de evitar entregar el contenido de chat y mails de altos funcionarios
La Justicia de Estados Unidos desestimó el pedido del Gobierno de no entregar el contenido de los dispositivos móviles de los últimos dos ministros de Economía. Argentina apelaría el fallo.
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido de la Argentina de reconsiderar el fallo que obliga a entregar correos electrónicos, mensajes y comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno en el marco del juicio por la expropiación de YPF. "La Juez Loretta Preska rechazó el pedido de la Argentina de reconsiderar el fallo que obliga al Gobierno a entregar el contenido de los dispositivos móviles de ciertos funcionarios y exfuncionarios. Probablemente el país apele este fallo. La magistrada dice que no se discute que la República carece de ‘posesión’ o ‘custodia’ de las comunicaciones, pero afirma que tiene ‘control’ sobre dichas comunicaciones”, indicó el especialista de Latam Advisors, Sebastián Maril. El fallo representa un nuevo revés judicial para el país en un litigio que ya acumula más de una década de enfrentamientos en los tribunales estadounidenses.
En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la Procuración del Tesoro buscaba dejar sin efecto la decisión del 29 de julio, cuando Preska habilitó a los demandantes a acceder al contenido de los dispositivos electrónicos de distintas figuras de la política y la economía argentina, entre ellos los últimos dos ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa.
La defensa de la Argentina había señalado que “los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios”. “Por el contrario, la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador“, explica la notificación de la Procuración del Tesoro.
Desde el órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado, sostuvieron que los requerimientos cuestionados resultan contrarios a la jurisprudencia de los Estados Unidos y a la legislación argentina, que protege los datos personales y las comunicaciones privadas. "La Procuración considera que esta decisión es incorrecta y, por lo tanto, se encuentra analizando las vías procesales para su impugnación. Asimismo, aún se encuentra pendiente de resolución la segunda moción presentada, que solicita limitar los pedidos de discovery únicamente a activos potencialmente ejecutables, conforme a jurisprudencia relevante como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital", expresaron.
El juicio de YPF se inició en 2015, tres años después de la expropiación. Burford Capital, que se dedica a comprar derechos de litigios, es el principal beneficiario del fallo. El proceso no es por si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, sino que es por no haber realizado la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF.
El jueves 25 de septiembre se llevará a cabo la primera audiencia vinculada a la apelación inicial, en la que la Argentina deberá exponer sus argumentos tras haber perdido el juicio. La segunda apelación está relacionada con la cesión de acciones de YPF. Otra fecha clave es la de la última semana de octubre, ya que en el plazo que transcurrirá entre el lunes 27 y el viernes 31, en día aún por precisar, tendrá lugar la audiencia oral por la apelación sobre la transferencia de acciones. En esta instancia, los jueces de segunda instancia escucharán en vivo los planteos de ambas partes y es la principal jugada que buscan impulsar los fondos buitre.
Cabe recordar que los fondos litigantes ya habían intentado ejecutar el fallo, buscando embargar o usar como garantía de pago distintos activos del Estado nacional -entre ellos el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y ARSAT-, aunque sin éxito. Al igual que en el caso de YPF, los demandantes procuran probar que estas compañías estatales funcionan como un “alter ego” del Gobierno, es decir, que están bajo control político directo. En ese marco, habían solicitado acceder a información privada de Sergio Massa y Luis Caputo.
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