26.09.2025 / CÓRDOBA
En la ex La Perla hallaron restos humanos y el EAAF va a iniciar peritajes de ADN
El juez federal Hugo Vaca Narvaja confirmó el hallazgo de huesos en el predio del ex centro clandestino de detención de Córdoba. El Equipo Argentino de Antropología Forense analiza si permiten extraer ADN, mientras crece la esperanza de las familias.
La investigación se apoya en décadas de testimonios, en declaraciones de represores y en una imagen aérea de julio de 1979 que confirmó movimientos de tierra tras el operativo de “limpieza” con el que los militares intentaron borrar evidencias antes de la visita de la CIDH. Según las sentencias de la megacausa, el Destacamento de Inteligencia 141 comandó el circuito represivo y el eufemismo “traslado” encubría fusilamientos dentro de la misma guarnición: “Lo que daba la idea de que el lugar de fusilamiento estaba dentro de los terrenos de la misma guarnición militar”.
Las expertas del EAAF explicaron que los restos aparecieron dispersos en un terreno alterado y señalaron que el contexto del hallazgo resulta compatible con víctimas de la dictadura, aunque aclararon que, por ahora, no se puede hablar de fosas comunes. El secretario del juzgado, Miguel Ceballos, destacó el optimismo sobre que el equipo trabaja en el sitio correcto, en un predio de 14 mil hectáreas cuya actual etapa de prospección y excavación abarca diez hectáreas hasta fines de noviembre.
La causa suma antecedentes clave: en 2014, en hornos de la estancia La Ochoa —cercana a La Perla—, antropólogos forenses hallaron restos de cuatro estudiantes universitarios secuestrados en 1975, un descubrimiento que también condujo Vaca Narvaja. “Cuando uno encuentra los restos y los identifica, esa persona deja de ser un desaparecido. La necesidad de dar por terminado este estado de incertidumbre es la que hay que resaltar”, remarcó el juez.
El fiscal Facundo Trotta convocó a quienes tengan información a aportarla. “La desaparición forzada es un delito continuado que termina cuando aparecen los restos”, subrayó el abogado querellante Ramiro Fresneda, que representa a una veintena de familias, entre ellas la de Sara “Coca” Luján, de 99 años, madre de Raúl Mateo Molina. Fresneda recordó la definición de la sobreviviente y querellante Graciela Geuna: no es posible construir una democracia con cuerpos insepultos.
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