La Junta Electoral Nacional de Buenos Aires convocó a las fuerzas políticas a una audiencia el miércoles para tratar el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir todas las boletas únicas en la provincia, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. La medida abrió un fuerte debate por el costo y la legalidad del reclamo libertario.
El tribunal, integrado por el juez federal Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Corte bonaerense Hilda Kogan y Jorge Eduardo Di Lorenzo, dispuso dar traslado del pedido a todas las fuerzas políticas que competirán en las elecciones del 26 de octubre. Según pudo conocer Ámbito, los partidos tendrán tiempo hasta el miércoles a las 8:30 para expresar su posición antes de la audiencia, prevista para las 10:30, en el marco de un cronograma electoral ajustado.
La presentación de LLA busca reemplazar a Espert por Diego Santilli en la lista bonaerense. Sin embargo, el pedido generó una ola de críticas entre dirigentes opositores que advirtieron que los plazos legales ya están vencidos y que la ley electoral no contempla reimpresiones de boletas.
“Esperemos que el juzgado electoral rechace cualquier intento de reimprimir boletas que están oficializadas”, sostuvo Jorge Taiana, primer candidato a diputado por Fuerza Patria, al señalar que el gasto proyectado “equivale al presupuesto del Hospital Garrahan”, y es que reimprimir las boletas de toda la provincia demandaría alrededor de 15 mil millones de pesos.
En ese sentido, la Junta pidió informes al Ministerio del Interior, a cargo de Lisandro Catalán, y al Correo Oficial sobre los costos, los tiempos de impresión y la posibilidad de distribuir el nuevo material a más de 38 mil mesas de votación antes de los comicios.
Desde el Frente Renovador y Unión Federal también reclamaron frenar el pedido. Desde el primero, señalaron: "La ley es clara: la boleta se imprime una sola vez”, y advirtieron que permitir una nueva edición “rompería la igualdad entre fuerzas y generaría un gasto innecesario”.
La controversia, que se desató a solo tres semanas de las elecciones, suma incertidumbre a un proceso electoral que ya enfrenta presiones logísticas y presupuestarias. La resolución final quedará en manos del tribunal electoral, que deberá definir si el pedido de Milei se ajusta o no a los plazos.