
Pese a haber anunciado en 2024 el traslado “exitoso” de parte de sus reservas en oro, el Banco Central nunca brindó a la Auditoría General de la Nación la información sobre la ubicación, rendimiento y costos de esas operaciones. Un año después, el organismo de control sostiene que la entidad conducida por Santiago Bausili no solo evitó responder, sino que además entorpeció el acceso a la documentación requerida.
“Están escondiendo algo y nadie sabe por qué”, denunciaron desde la AGN.
El conflicto se originó tras el comunicado oficial del 2 de septiembre de 2024, en el que el BCRA aseguró haber completado “transferencias exitosas de oro entre sus cuentas” y garantizó que la AGN tenía acceso a toda la información necesaria. Sin embargo, las solicitudes posteriores del ente de control fueron ignoradas. El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, fue contundente ante el Congreso: “Nos hemos detenido. No podemos saber dónde está específicamente el oro”.
Según pudo conocer Ámbito, el Banco Central argumentó que la información no puede ser compartida por tratarse de documentación confidencial, aunque desde la AGN señalaron que el organismo “está acostumbrado a trabajar con material sensible, como ocurrió con las vacunas del Covid”. Además, explicaron que la única propuesta del BCRA fue permitir una visualización limitada en sus computadoras, sin posibilidad de tomar notas, fotografías o copias, lo que “hace técnicamente imposible auditar”.
En paralelo, fuentes oficiales advirtieron la incertidumbre sobre el destino del oro: “No sabemos si está en Suiza o en Londres. Incluso hay versiones de que una parte fue convertida en líquida”.
Frente a esto, la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas del Congreso analiza citar a Bausili para que brinde explicaciones o iniciar acciones judiciales por incumplimiento.
El Banco Central, por su parte, insiste en que mantiene “las mismas opciones de administración del oro desde hace más de una década” y que las operaciones de rebalanceo “no alteran el volumen total de las reservas”. Pero desde la organismo remarcan que la entidad no cumple con su obligación legal de proveer la información necesaria para el control parlamentario, a más de un año del anuncio oficial.