El Congreso reactivó esta semana la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, un organismo clave que llevaba más de diez años sin funcionar. En su primera reunión, los integrantes eligieron autoridades y avanzaron en pedidos formales para que el ministro de Economía, Luis Caputo, brinde detalles sobre los procesos de venta de empresas públicas habilitados por la Ley Bases.
El senador salteño Juan Carlos Romero, de Cambio Federal, fue designado presidente del cuerpo, mientras que la diputada santacruceña Ana María Ianni, de Unión por la Patria, ocupará la vicepresidencia. “Tenemos que seguir este proceso lo más transparente posible para que la ciudadanía sepa lo que está pasando”, afirmó Romero al asumir la conducción.
Durante el encuentro, los legisladores acordaron solicitar informes a interventores y responsables de las compañías incluidas en el plan oficial de privatizaciones. La diputada Ianni respaldó esa decisión y agregó: “Celebro estos pedidos de informes, porque me parece prudente y necesario convocar también al ministro de Economía, Luis Caputo”.
La Ley Bases faculta al Ejecutivo a avanzar en la venta total o parcial de Energía Argentina, Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos, Corredores Viales, Nucleoeléctrica y el complejo de Yacimientos Carboníferos Fiscales. Ante ese escenario, la oposición impulsó un documento para exigir precisiones sobre siete de esas empresas, con especial atención en Nucleoeléctrica Argentina.
La comisión quedó integrada por representantes de todas las fuerzas: además de Romero e Ianni, participan los senadores José Mayans, Mariano Recalde, Bruno Olivera Lucero, Eduardo Vischi, Carlos Espínola y los diputados Diego Santilli, Julia Strada, Victoria Borrego, Pablo Cervi y Facundo Correa Llano. Las reuniones se realizarán los martes a las 17.
La decisión de reactivar la Bicameral coincide con un momento de tensión en los mercados, luego de que Donald Trump condicionara el respaldo de Estados Unidos al resultado electoral de La Libertad Avanza. En ese contexto, el Congreso busca retomar su rol de control sobre los procesos de privatización que impulsa la administración de Javier Milei, en medio de un creciente malestar político y económico.