15.10.2025 / AUSENCIA
Karina Milei, Mario Lugones y Luis Caputo denegaron la citación a Diputados para ser interpelados
Los tres funcionarios comunicaron formalmente que no asistirán a las sesiones previstas para este miércoles, donde debían responder por temas de gestión económica y la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Salud, Mario Lugones, rechazaron la citación de la Cámara de Diputados para asistir a las sesiones convocadas para este miércoles, donde debían dar explicaciones sobre la administración económica y el caso por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los avisos, remitidas a la Presidencia del cuerpo durante la mañana, dejaron en suspenso la realización de los debates previstos.
Desde el Congreso confirmaron la recepción de las notificaciones y señalaron que la ausencia de los funcionarios podría llevar a suspender las reuniones “por falta de sentido práctico”.
Caputo ya había sido convocado en anteriores oportunidades, como en el debate del Presupuesto 2025 y en el caso $LIBRA, sin presentarse. En esta ocasión, su inasistencia se suma a la de los otros dos funcionarios clave del entorno presidencial, lo que refuerza las críticas de la oposición por la falta de rendición de cuentas ante el Congreso.
En paralelo, la Cámara de Diputados avanzó este martes con un dictamen que habilita la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por haber suspendido la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El proyecto, impulsado por Unión por la Patria y Encuentro Federal, obtuvo 29 firmas de respaldo y prevé que Francos deba presentarse en el recinto a dar explicaciones.
Sin embargo, la posibilidad de que prospere una moción de censura contra el funcionario parece debilitada. Algunos bloques opositores plantearon reparos ante ese paso y advirtieron sobre el riesgo de un uso político del mecanismo, lo que dejaría la interpelación limitada a un pedido de explicaciones sin consecuencias directas.
La norma que originó la controversia había sido sancionada y promulgada por el Congreso, pero suspendida por el decreto 681/2025, bajo el argumento de que no existían recursos para su implementación. Para los legisladores impulsores de la interpelación, esa decisión “equivale a desconocer una ley vigente” y refuerza la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.
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