11.12.2025 / PROYECTO
Reforma educativa: las claves del proyecto que quita peso a las instituciones tradicionales
El Gobierno impulsa para 2026 una reforma integral del sistema educativo que habilita la educación en el hogar y modalidades virtuales, al tiempo que redefine el rol del Estado y endurece requisitos para estudiantes y universidades. La propuesta también modifica la formación docente y crea nuevos mecanismos de evaluación.
El Gobierno nacional avanzó con la inclusión de la “Ley de Libertad Educativa” en la agenda legislativa y presentó una reforma que promueve modalidades "alternativas de enseñanza", como la educación domiciliaria o virtual, redefine la injerencia estatal en las escuelas y reconfigura de raíz el peso de las instituciones tradicionales en todos los niveles del sistema.
El proyecto, que trascendió a través del Consejo de Mayo, plantea un giro al consagrar la autonomía pedagógica de las instituciones y el “rol preferente” de las familias para elegir la formación de sus hijos. Bajo la misma lógica, la iniciativa elimina referencias históricas al carácter laico de la educación pública, lo que ya generó inquietud en sectores educativos.
Sin embargo, entre sus puntos más relevantes se destacan la propuesta de educación en el hogar y de sistemas virtuales e híbridos cuya validez dependerá exclusivamente de exámenes estandarizados, administrados por cada jurisdicción. El Gobierno sostiene que esos instrumentos permitirán garantizar contenidos mínimos comunes más allá de la modalidad elegida.
Otro de los puntos fuertes es la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una prueba voluntaria para egresados que funcionará como parámetro de desempeño y mecanismo de admisión para instituciones de educación superior. La reforma también elimina la figura del alumno “condicional”, por lo que nadie podrá iniciar una carrera universitaria sin haber terminado el secundario.
En el nivel superior, las universidades deberán establecer un régimen mínimo de rendimiento de al menos dos materias aprobadas por año y ofrecer exámenes de ingreso directo en reemplazo de los tradicionales cursos de nivelación. Para la oposición, estas medidas podrían reducir la matrícula y, en consecuencia, el presupuesto universitario.
Finalmente, la ley redefine el financiamiento: 75% según cantidad de estudiantes, 20% por desempeño y 5% para programas específicos definidos por el Ministerio de Capital Humano. En este marco, el Gobierno enfatizó que el control externo e interno será reforzado para “garantizar transparencia en el uso de los recursos”.
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