04.03.2026 / DEBATE PARLAMENTARIO
Diputados: el Gobierno acelera la reforma de Glaciares para habilitar inversiones en zonas periglaciares
Tras la media sanción del Senado, el oficialismo puso en marcha el debate en la Cámara baja con el objetivo de flexibilizar restricciones en áreas periglaciares y atraer capitales para minería e hidrocarburos, pese a las denuncias por daños ambientales.
El oficialismo en la Cámara de Diputados activó este miércoles el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares en un plenario de comisiones y dejó en claro que busca convertir en ley antes de fin de mes un proyecto que redefine las áreas protegidas para permitir actividades económicas en determinadas zonas periglaciares, iniciativa que considera estratégica para ampliar la llegada de inversiones extractivas.
El debate comenzó a las 10 con la participación de las comisiones de Recursos Naturales, que preside José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz. Si bien el objetivo es avanzar con rapidez, en el oficialismo admiten que la firma del dictamen podría no concretarse en esta primera reunión.
CAMBIOS EN LA LEY
La modificación apunta a cambiar el alcance de la Ley 26.639, vigente desde 2010, para distinguir entre formaciones periglaciares que cumplen una función hídrica comprobable, y que seguirían protegidas, y aquellas que no la tendrían, quedando estas últimas habilitadas para proyectos productivos previa evaluación de impacto ambiental.
El texto mantiene la prohibición de actividades en glaciares propiamente dichos, pero elimina la restricción automática en todo el territorio periglaciar y transfiere a las provincias mayores facultades para definir qué zonas resguardar. Además, redefine el objeto de protección al limitarlo a aquellos cuerpos de hielo que acrediten una “función hídrica efectiva” para la recarga de cuencas, dejando fuera otras formaciones que hoy están alcanzadas por la tutela amplia de la ley vigente.
De esta manera, el piso de protección ambiental dejaría de fijarse de manera uniforme a nivel nacional y pasaría a depender del criterio de cada jurisdicción, lo que, según especialistas, podría entrar en tensión con el artículo 41 de la Constitución, que habilita al Congreso a establecer presupuestos mínimos que las provincias no pueden reducir.
La iniciativa ya obtuvo media sanción del Senado con 40 votos a favor y 31 en contra, en el marco de un acuerdo con gobernadores cordilleranos interesados en dinamizar la minería y los hidrocarburos. Desde la oposición y organizaciones ambientalistas advierten que la reforma podría debilitar la protección de reservas estratégicas de agua, mientras el Gobierno apuesta a exhibir el avance legislativo como señal de apertura a inversores internacionales.
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