En una nueva embestida contra Claudio “Chiqui” Tapia, el Gobierno anunció que el Ministerio de Justicia, a través de la IGJ, intimará a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol a que den explicaciones sobre sus balances contables y financieros.
El escrito que se publicó recientemente señalaron que “se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”.
“Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente. La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales. La AFA es una asociación sin fines de lucro”, siguió el comunicado.
Y completaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ. La falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos”.
Se trata de una nueva embestida por parte del Gobierno que el último lunes, a través de Patricia Bullrich, denunció a las autoridades de la entidad del fútbol argentino ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la organización.
En esta presentación se pide una investigación preliminar sobre un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según dijo Bullrich, comprometen los estándares de buena gobernanza exigidos por Conmebol.
Todo esto se da en el marco de una investigación que llueva adelante el juez a cargo del Juzgado Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky, que investiga a la firma Real Central SRL y a dos personas identificadas como Luciano Nicolás Pantano (monotributista) y Ana Lucía Conte (jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal), investigados como supuestos testaferros de altos dirigentes de la AFA.