30.12.2025 / COMPLICADO
La Justicia allanó la sede de la AFA y domicilios vinculados a una causa por desvío de fondos
El juez federal Luis Armella ordenó procedimientos en la Asociación del Fútbol Argentino, en Ezeiza y en la vivienda de un empresario cercano a su conducción, en el marco de una investigación que indaga maniobras con fondos millonarios en el exterior.
La Justicia federal avanzó este martes con una serie de allanamientos en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino en la Ciudad de Buenos Aires y en el predio de Ezeiza, además de domicilios particulares, como parte de una investigación que busca reconstruir el presunto desvío de fondos al exterior mediante contratos vinculados a la explotación comercial de la Selección nacional.
Las medidas fueron dispuestas por el juez Luis Armella en el marco de una ampliación de la causa que indaga la denominada pata internacional del expediente, centrada en movimientos financieros realizados fuera del país y en la utilización de sociedades comerciales como intermediarias para el cobro de contratos millonarios.
Uno de los procedimientos tuvo lugar en la vivienda de Javier Faroni, empresario teatral y exdiputado bonaerense, ubicada en un barrio cerrado de Nordelta, donde se secuestró documentación, computadoras y dispositivos electrónicos considerados de interés para la causa, mientras que previamente se le había impuesto la prohibición de salir del país.
De acuerdo con el expediente, esas maniobras se habrían instrumentado mediante acuerdos de explotación de derechos comerciales de la Selección con compañías radicadas en distintos países, bajo la gestión de la actual conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, lo que amplió el alcance institucional de la pesquisa.
En paralelo, la causa se investiga en Estados Unidos, donde se analizan transferencias realizadas a bancos norteamericanos tras una denuncia presentada ante el Departamento del Tesoro, que advirtió que parte de los fondos provenientes de amistosos internacionales y contratos de patrocinio no habrían ingresado a cuentas oficiales ni al país, quedando fuera del circuito formal y bajo la lupa de los organismos judiciales.
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