La disputa expuso una de las contradicciones más visibles del discurso oficial sobre el “libre mercado”. La empresa de Marcos Galperin acusó a Temu de desplegar estrategias comerciales que generan falsas expectativas en los consumidores, a partir de promociones que prometen rebajas del 80% o 90% e incluso productos “gratis”, con condiciones y costos que recién aparecen al final del proceso de compra.
Tras la presentación de Mercado Libre, la Secretaría de Comercio resolvió que Temu debía retirar ese tipo de mensajes publicitarios por considerarlos engañosos. El foco estuvo puesto en prácticas que alteran la decisión de compra y afectan tanto a los usuarios como a las empresas que operan bajo reglas locales, en un mercado cada vez más tensionado por la apertura irrestricta de importaciones vía comercio electrónico.
La respuesta de Temu no tardó en llegar. El gigante chino recurrió a la Justicia para intentar frenar la medida oficial y sostuvo que sus campañas se ajustan a estándares internacionales de marketing digital. El conflicto quedó así judicializado y sumó un nuevo capítulo a la discusión sobre la regulación del comercio online transfronterizo.
Cabe señalar que solo en 2025, las ventas online desde el exterior alcanzaron los 894 millones de dólares, impulsadas por la flexibilización de controles y el atraso cambiario. En ese contexto, la pelea entre Mercado Libre y Temu dejó al descubierto una pregunta incómoda para el Gobierno: quién pone las reglas cuando el libre mercado empieza a mostrar ganadores globales y perdedores locales.