16.01.2026 / DEBATE
El DNU que otorga más poder a la SIDE ingresó al Congreso y enfrenta el rechazo opositor
El decreto que reformula la Ley de Inteligencia fue enviado al Parlamento antes de que venciera el plazo legal. Se abrió así una cuenta regresiva de diez días que, ante la falta de comisión bicameral conformada, habilitará su tratamiento directo en ambas Cámaras.
A cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el decreto que amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado y modifica más de cuarenta artículos de la ley vigente ya está en manos del Congreso de la Nación listo para enfrentar las apelaciones de la oposición, que ya dejó explícito su rechazo al mismo.
El DNU 941/25 quedó formalmente bajo la órbita parlamentaria y abrió el plazo previsto en la Ley 26.122 para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo emita dictamen, aunque ese paso se postergará debido a que el cuerpo aún no está constituido. Dicho motivo, habilitará a Diputados y al Senado a tratar el decreto directamente en el recinto una vez vencido el término.
Ante ese marco, los bloques opositores aceleraron las conversaciones para reunir una mayoría simple que permita rechazar la norma, convencidos de que el decreto elude al Congreso en una materia sensible y avanza sobre atribuciones que, según denuncian, habilitan aprehensiones sin orden judicial y debilitan controles institucionales.
Del lado del Ejecutivo, la Casa Rosada ya activó conversaciones con gobernadores y aliados parlamentarios para evitar que la ofensiva prospere, bajo una estrategia que incluye compensaciones fiscales y la posibilidad de dilatar la conformación de las comisiones clave durante el receso.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y todo el Gabinete, reordena la estructura del sistema de inteligencia, redefine competencias internas y mantiene sin cambios la actual conducción de la SIDE, encabezada por Cristian Auguadra, con el argumento oficial de “optimizar recursos” y mejorar el intercambio de información.
Desde la oposición anticiparon pedidos de informes y cuestionamientos formales al contenido del DNU y a la falta de “necesidad y urgencia” para dictarlo por decreto, mientras el Gobierno sostiene que la reforma “fortalece los controles estatales” y se ajusta a “los más altos estándares democráticos”, una disputa que ahora quedó plenamente trasladada al Congreso.
Lo más leído
