Alerta ambiental en la Antártida: investigan graves irregularidades en una base argentina

Una grave denuncia por contaminación ambiental encendió las alarmas en la Antártida y puso bajo investigación al jefe de la Base Antártica Conjunta Petrel. El Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) recibió un informe interno que da cuenta de prácticas expresamente prohibidas por la normativa ambiental vigente, además de acusaciones de maltrato sistemático al personal durante la última Campaña Antártica.

La denuncia fue elevada al Estado Mayor Conjunto mediante un memorando fechado el 10 de enero, redactado por el segundo jefe de la base. Allí se detallan “irregularidades acaecidas durante el transcurso de la Campaña Antártica 2025 en la Base Antártica Conjunta Petrel”, y se responsabiliza directamente al capitán de fragata Cristian Gabriel De Gregori por conductas reiteradas contrarias a los protocolos ambientales y de convivencia laboral.

Según el documento, uno de los puntos de mayor gravedad refiere a órdenes verbales directas impartidas por el jefe de base para la eliminación de remanentes de combustibles aeronáuticos, nafta, gasoil y aceites lubricantes. Esos residuos habrían sido vertidos o quemados en una batea metálica, una práctica prohibida que representa un “riesgo crítico de contaminación del suelo, la fauna local y la biodiversidad antártica”, de acuerdo al informe interno.

La base Petrel ocupa un lugar estratégico dentro del sistema antártico argentino, ya que se encuentra en pleno proceso de recuperación y ampliación, con el desarrollo de pistas de aterrizaje que la convertirán en un nodo central para la movilización de personal y cargas hacia el interior del continente blanco. La denuncia adquiere mayor relevancia en ese contexto, dado el impacto ambiental potencial en una zona especialmente protegida por tratados internacionales.

El informe elevado al COCOANTAR incluye material fotográfico que respaldaría las acusaciones y deja expuesta una situación que contradice los compromisos asumidos por la Argentina en materia de preservación ambiental en la Antártida. La investigación en curso busca determinar responsabilidades y eventuales sanciones, en un escenario que vuelve a poner en discusión el control efectivo del Estado sobre sus propias prácticas en territorios sensibles.

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