De acuerdo al New York Times y según documentos oficiales del gobierno norteamericano, el viceministro argentino de Relaciones Exteriores, Juan Navarro, presentó a comienzos de este mes una propuesta para cerrar el acuerdo. En esos mismos registros consta que el canciller Pablo Quirno había asumido previamente un compromiso ante autoridades estadounidenses para avanzar en ese sentido.
El entendimiento habilitaría a Estados Unidos a enviar a Argentina ciudadanos extranjeros detenidos tras ingresar de manera ilegal a su territorio, con la idea de que desde Buenos Aires se les ofrezcan vuelos para regresar a sus países de origen. La información fue confirmada por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional norteamericano involucrado en las conversaciones.
El eventual acuerdo se inscribió en la estrategia del gobierno de Donald Trump de profundizar las deportaciones masivas, incluyendo traslados a terceros países de África y América Latina. Ni el Departamento de Estado ni la Cancillería argentina realizaron comentarios públicos sobre el estado de las negociaciones.
El giro contrastó con la tradición histórica de políticas migratorias relativamente abiertas en la Argentina y se apoyó en las medidas restrictivas impulsadas por la actual gestión, como mayores controles sobre migrantes con antecedentes penales y la exigencia de seguros de salud para ingresar o permanecer en el país. En ese marco, las propias autoridades informaron que entre diciembre y enero casi 5.000 personas fueron rechazadas o expulsadas, una cifra presentada como récord y que ahora adquiere una nueva dimensión política.