La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió el proyecto del Gobierno para reducir la edad de imputabilidad al aclarar que los menores que cometan delitos graves no cumplirán condenas en cárceles comunes por considerar "irracional mezclar adolescentes con adultos”, en un intento por responder a las críticas que rodean el inicio del debate parlamentario de la iniciativa.
En declaraciones a Radio Mitre, la funcionaria sostuvo que la propuesta oficial apunta a crear o reconvertir espacios específicos para adolescentes en conflicto con la ley penal, con un esquema diferenciado del sistema penitenciario tradicional y un componente formativo permanente. “El proyecto de ley tiene un foco puesto que es un componente socioeducativo fuerte y permanente. Deben ser instituciones que garanticen que ese proceso formativo, de educación, tiene que estar presente”, explicó.
Monteoliva también detalló que el Ministerio viene trabajando con las provincias para avanzar en un sistema más preciso de clasificación de las personas privadas de la libertad. “Hemos avanzado mucho y trabajado con las provincias para que empiecen en la historia criminal o criminológica de cada uno de los presos porque eso es lo que permite clasificar igual. No es lo mismo uno que robó, violó o mató. Son todas situaciones distintas”, sostuvo.
En ese marco, reconoció que la eventual implementación de la reforma requerirá cambios estructurales y recursos adicionales en las jurisdicciones. “Habrá que reformular y reencaminar esas estructuras con las provincias”, señaló, al referirse a la necesidad de adaptar o crear centros adecuados para alojar a menores, separados de los adultos.
La ministra confirmó además que el proyecto fija la edad de imputabilidad en 13 años y defendió ese umbral frente a las discusiones políticas en torno a la iniciativa. Consultada sobre si esos adolescentes irán a cárceles especiales, insistió en que el esquema previsto descarta cualquier convivencia con mayores.
El proyecto de Ley Penal Juvenil fue presentado por el Poder Ejecutivo en julio de 2024 y propone una reforma integral del régimen vigente, con prioridad para sanciones orientadas a la educación y la resocialización, medidas no privativas de la libertad y un tope máximo de 20 años de condena para delitos de extrema gravedad, un diseño que sigue generando un fuerte debate con implicancias políticas e ideológicas en el Congreso.