El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, advirtió que el Gobierno evalúa incluso el cierre de la Televisión Pública y que, en una primera instancia, avanzará con un cambio de nombre y un fuerte achique de la estructura, al sostener que la intención oficial es "achicarla lo más que se pueda", luego de reconocer que “por ley está prohibido privatizarla”.
En ese marco, el funcionario explicó que la señal dejará de llamarse TV Pública como parte de un “cambio simbólico” impulsado por la gestión de Javier Milei, y afirmó que el objetivo es volverla “eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda”, sin avanzar por ahora en una privatización formal, aunque reconoció que “existe la posibilidad de cerrarla”.
Las declaraciones de Adorni se inscriben en un proceso de reestructuración más amplio que abarca a todo el sistema de medios públicos bajo la órbita de Radio y Televisión Argentina (RTA), cuya intervención fue prorrogada hasta el 1º de febrero de 2027 mediante el Decreto 79/2026, alcanzando tanto a la TV Pública como a Radio Nacional y sus 50 emisoras en el país.
Según detalló el jefe de Gabinete, el plan oficial prevé la reducción de unos 500 puestos de trabajo a través de retiros voluntarios y otros mecanismos, lo que representa cerca del 20% de la dotación total de 2.400 empleados, un número que la administración de Javier Milei considera “excesivo”, especialmente en la TV Pública, donde trabajan casi 1.300 personas.
En paralelo al ajuste de personal y de contenidos, que ya incluyó la eliminación de noticieros de fin de semana y programas propio, Adorni justificó la imposibilidad de privatizar los medios estatales por las restricciones de la Ley de Medios N° 26.522.
Del otro lado,
los gremios denuncian salarios congelados desde agosto de 2024. SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo denunciaron una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, situación que dejó a parte del plantel por debajo de la línea de pobreza y que profundizó el rechazo sindical a la reforma impulsada por el Gobierno.