Dentro de la Cámara de Diputados, el bloque oficialista profundiza las negociaciones con actores aliados y provinciales para firmar dictamen el próximo miércoles en un plenario de comisiones. El objetivo es sesionar el 19 de febrero o, a más tardar, la semana siguiente, con la intención de convertir en ley la Reforma Laboral antes del 28, fecha en la que concluirán las extraordinarias que el Poder Ejecutivo prevé extender por un día para garantizar el tratamiento.
La estrategia es coordinada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, en diálogo con la Casa Rosada, con un objetivo central: mantener sin modificaciones el texto que obtuvo media sanción en el Senado para evitar que el proyecto deba regresar a la Cámara alta.
Sin embargo, ya emergieron algunos obstáculos. El PRO, principal aliado del Gobierno, anticipó que intentará reponer la posibilidad de que billeteras virtuales y bancos digitales paguen salarios, un punto eliminado en el Senado.
Por su parte, Provincias Unidas exige cambios en el capítulo de indemnizaciones, con foco en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que prevé financiar despidos con un esquema vinculado a aportes asociados a la ANSES.
En paralelo, legisladores de distritos productivos como Córdoba y Santa Fe trabajan en la incorporación de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con pisos que van desde los US$150.000 para microempresas hasta US$3,5 millones para medianas, una pieza clave para consolidar respaldos de bloques provinciales que ya fueron determinantes en el Senado.
Mientras Unión por la Patria anticipó su rechazo y cuestionó el impacto del proyecto sobre el empleo, la UCR confirmó que acompañará el texto tal como fue aprobado, lo que fortalece las chances del oficialismo de reunir la mayoría necesaria para sancionar el proyecto antes de fin de mes.