20.02.2026 / POLEMICA

Entre la historia y el ajuste: qué une a la Reforma Laboral de Milei de la Ley Banelco de Bullrich

La media sanción de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei reabrió una comparación inevitable en la política argentina: la de la polémica Ley 25.250 del año 2000, conocida como “Ley Banelco”. Aunque separadas por más de dos décadas y contextos distintos, ambas iniciativas comparten un mismo horizonte flexibilizador y un fuerte rechazo sindical.





Pasaron casi 25 años del "que se vayan todos" pero no se fue nadie: hasta Patricia Bullrich sigue siendo una de las caras más visibles del Gobierno y tendra un rol central en la discusion en el Senado. La llamada Ley Banelco fue sancionada durante la presidencia de Fernando de la Rúa y quedó marcada por el escándalo de presuntos sobornos en el Senado que terminó con la renuncia del entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez. Aquella norma extendía el período de prueba y modificaba aspectos de la negociación colectiva con el argumento de promover empleo formal y reducir la litigiosidad. Cuatro años después, ya bajo el gobierno de Néstor Kirchner, fue derogada en el marco de una nueva ley de ordenamiento laboral.

La reforma aprobada el 20 de febrero de 2026 en Diputados —con 135 votos a favor y 115 en contra— también se presenta como una modernización del mercado laboral. Sin embargo, su alcance resulta más amplio. El proyecto habilita jornadas de hasta 12 horas mediante la implementación de un banco de horas, modifica el esquema de indemnizaciones con la posibilidad de crear un fondo de cese laboral financiado por aportes patronales y establece limitaciones al derecho de huelga en sectores considerados esenciales.

En ambos casos, el denominador común fue la conflictividad. La Banelco atravesó denuncias institucionales que erosionaron al gobierno de la Alianza. La iniciativa de Milei avanzó en medio de un paro general convocado por la CGT y movilizaciones frente al Congreso. La discusión no solo giró en torno a la reducción de costos empresariales, sino también sobre el alcance de derechos conquistados tras décadas de lucha sindical.

La diferencia central radica en el desenlace. La ley de 2000 quedó anulada tras un cambio de ciclo político. La reforma 2026, en cambio, aún tiene su capítulo pendiente en el Senado. Allí se definirá si el nuevo esquema laboral se convierte en ley o si, como ocurrió hace 26 años, la presión social logra modificar el rumbo de una norma que divide aguas en la Argentina.