El texto ingresó a la Cámara baja el jueves y fue trabajado en despachos de Balcarce 50, con intervención de la Secretaría Legal y Técnica y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Según trascendió, el oficialismo confía en conseguir los votos de sus aliados cuando el Congreso retome la actividad tras el período extraordinario. En el entorno presidencial sostienen que la iniciativa forma parte de una agenda “ambiciosa” que también incluye la reforma tributaria.
Uno de los hombres clave en la redacción fue Alejandro Álvarez, referente de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo y dirigente cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. Álvarez estuvo en la Casa Rosada un día antes de la presentación formal del proyecto, en una señal del peso político que el Gobierno le asigna a la iniciativa.
En cuanto al contenido, el artículo 3° establece que la actualización de los gastos de funcionamiento se ajustará por inflación (IPC-INDEC) cuando esta supere el 14,3%, porcentaje utilizado como promedio anual para el Presupuesto 2026. De superarse ese umbral, se reforzarán las partidas destinadas a funcionamiento, hospitales universitarios y ciencia y técnica, con el objetivo declarado de preservar el incremento real de los créditos.
Además, el artículo 4° dispone un refuerzo de $80.072.460.000 para la asistencia financiera a hospitales universitarios. En materia salarial, el artículo 5° fija una recomposición para docentes y no docentes con tres incrementos del 4,1% cada uno durante 2026, totalizando 12,3%, y ordena convocar paritarias obligatorias dentro del mes posterior a la sanción, con una periodicidad no mayor a tres meses. Mientras el oficialismo habla de previsibilidad y orden fiscal, en el mundo universitario ya analizan el alcance real de una ley que se debatirá en un clima político marcado por el ajuste.