
De cara a la discusión de la Ley de Glaciares en el Senado, 12 activistas ambientales de Greenpeace fueron detenidos por efectivos de la Policía Federal cuando realizaban un reclamo en el Congreso por el proyecto que se tratará este jueves desde las 11 de la mañana en el Senado. El hecho se registró cerca de las 7 de la mañana, cuando un grupo de al menos 10 personas saltó las rejas del Palacio Legislativo y realizó una performance pacifica en las escalinatas de la fachada del edificio.
La acción consistió en colgar un cartel que rezaba "Senadores: no se caguen en el agua" mientras 7 personas vestidas de traje y usando una banda argentina se sentaron sobre inodoros de plástico. También había tres activistas vestidos con un mameluco naranja con pose de custodias.
El principal proyecto en debate propone cambios en la Ley 26.639, que desregula la protección de glaciares y zonas asociadas. La iniciativa redefine el alcance de las áreas protegidas al distinguir entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciales”, y establece que su inclusión como reservas estratégicas dependerá de estudios técnicos realizados por las autoridades ambientales de cada jurisdicción. Ese criterio determinará qué sectores quedan incorporados al Inventario Nacional de Glaciares y, por lo tanto, bajo protección especial.
Desde el oficialismo sostienen que la modificación busca precisar los alcances de la norma vigente y brindar mayor previsibilidad jurídica. Sin embargo, el cambio impacta sobre el régimen de protección ambiental en regiones donde conviven reservas hídricas y actividades productivas.
“Nuestra protesta fue pacífica y tuvo un objetivo claro: advertir que esta reforma debilita los presupuestos mínimos que durante más de quince años protegieron los glaciares como reservas estratégicas de agua en Argentina. Lo que hoy se discute en el Senado no es un detalle técnico, sino la posibilidad de reducir el estándar nacional que garantiza que estas fuentes de agua dulce no queden sujetas a decisiones discrecionales de las provincias. Eso implicará un retroceso en la seguridad hídrica del país y en la protección de un bien común esencial”, sostuvo Diego Salas, director de programas de Greenpeace.
Desde la organización explicaron que el proyecto en debate modifica el alcance de la protección sobre glaciares y ambiente periglacial, trasladando definiciones clave a las provincias y condicionando el resguardo de estos cuerpos de hielo a criterios de “función hídrica demostrable y relevante”. Según Greenpeace, esto introduce mayor discrecionalidad en decisiones que hoy están amparadas por un criterio científico uniforme a nivel nacional.