15.04.2026 / ORGANIZACIONES EN ALERTA
Ley de Propiedad Privada: el Senado reanuda el debate del proyecto cuestionado por ONGs de vivienda
Organizaciones de vivienda y hábitat alertan que la iniciativa impulsada por el Gobierno podría dejar a más de 5 millones de personas en situación de vulnerabilidad jurídica y advierten sobre el impacto en barrios populares. El oficialismo insiste en cambiar el régimen de desalojos y propiedad.
Este miércoles, el Senado de la Nación retoma el debate en comisión del proyecto de ley de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, una iniciativa impulsada por el oficialismo que reúne múltiples críticas de organizaciones de vivienda y hábitat, las cuales la consideran "un retroceso profundo" y "un riesgo para el acceso a la vivienda y los servicios básicos’ en barrios populares".
Desde las 15 se reunirán las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado, bajo conducción de Agustín Coto y Nadia Márquez. Contarán además con la presencia de funcionarios del Ejecutivo, luego de una primera discusión encabezada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien defendió la reforma bajo el argumento de que la ley actual "fracasó".
Las críticas apuntan especialmente a las modificaciones sobre la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana, sancionada en 2018, que establece la suspensión de desalojos, la regularización dominial y la urbanización de los barrios registrados en el Renabap. Según denunciaron organizaciones como TECHO, Cáritas, UTEP y el CELS, el nuevo texto elimina herramientas centrales para garantizar estabilidad en esos territorios.
En ese sentido, desde TECHO advirtieron que la iniciativa, tal como fue redactada, “podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle” y remarcaron que la quita de la suspensión de desalojos y de los mecanismos de expropiación debilita las condiciones necesarias para avanzar en procesos de integración urbana que requieren tiempo y planificación.
El proyecto también propone limitar el uso de la expropiación a casos excepcionales y acelerar los desalojos mediante procedimientos abreviados, con el objetivo de restituir inmuebles en plazos más cortos, una medida que el Gobierno justifica como respuesta a la problemática de las ocupaciones ilegales y su impacto en el mercado inmobiliario.
Mientras tanto, las organizaciones advierten que la transferencia de responsabilidades a provincias y municipios podría profundizar desigualdades en la implementación de políticas de vivienda, y anticiparon que llevarán sus planteos al Congreso en una jornada clave en la que el oficialismo buscará avanzar con una de sus reformas más discutidas.
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