28.04.2026 / CAUSA ANDIS
Escándalo de Coimas en Andis: Spagnuolo se negó a declarar en el marco de una nueva ronda de indagatorias
El extitular de la Agencia, ya procesado, fue el primero de los 35 citados por la Justicia Federal para ampliar su presentación. El también conocido como "el abogado de MIlei", se negó a declarar ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi.
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, optó por no declarar este martes en el arranque de una nueva ronda de indagatorias por la causa que investiga un presunto entramado de corrupción montado dentro del organismo durante su gestión. Se trata de un expediente sensible que apunta a maniobras irregulares en contrataciones millonarias destinadas a personas con discapacidad y sectores en situación de alta vulnerabilidad.
Spagnuolo, exfuncionario y también exabogado personal del presidente Javier Milei, llegó poco antes de las 9 de la mañana al Juzgado Federal N°11, donde fue convocado por el fiscal Franco Picardi junto a funcionarios judiciales. Tras permanecer cerca de una hora en el lugar, se retiró sin responder preguntas de la prensa. Apenas deslizó que esta “no es la única oportunidad” que tendrá para dar explicaciones.Después fue el turno de Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud y responsable del Programa Incluir Salud, considerado en los hechos el número dos dentro de la ANDIS. Al igual que Spagnuolo, también se negó a prestar declaración indagatoria.
Ambos ya se encuentran procesados en la causa, aunque esa decisión todavía está siendo revisada por la Cámara Federal porteña. Sus defensas preparan presentaciones por escrito que serán incorporadas al expediente en los próximos días.La ampliación de las indagatorias fue impulsada por Picardi junto al fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y ordenada por el juez Ariel Lijo. Además de los exfuncionarios, también fueron citados el lobista Miguel Ángel Calvete y los empresarios Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, todos señalados por su presunta influencia dentro del organismo.
Calvete aparece como una figura central dentro de la maniobra investigada. Actualmente está detenido en la cárcel de Ezeiza cumpliendo una condena por proxenetismo y deberá declarar este miércoles de manera virtual, ya que su delicado estado de salud impide su traslado. Hoy permanece alojado en el pabellón psiquiátrico PRISMA. La acusación principal sostiene que existió una asociación ilícita orientada a defraudar al Estado mediante la manipulación de contrataciones públicas vinculadas a medicamentos e insumos del Programa Federal Incluir Salud. Según la fiscalía, el esquema consistía en direccionar licitaciones, simular competencia entre empresas proveedoras y garantizar adjudicaciones a firmas previamente elegidas, con retornos económicos ilegales y entrega de dádivas a funcionarios.
Las operaciones bajo sospecha involucraban productos de alto costo y baja incidencia, como prótesis por amputaciones, audífonos, implantes cocleares, insumos cardiológicos, tratamientos neurológicos, traumatología y elementos de asistencia como sillas de ruedas y andadores. Se trata de prestaciones fundamentales destinadas a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura médica, especialmente personas con discapacidad. De acuerdo con la investigación, se montó un sistema de compras que violaba principios básicos de transparencia, publicidad y libre competencia. La maniobra habría permitido cartelización entre empresas, discrecionalidad en la asignación de pagos y un circuito de favoritismo sostenido desde adentro del propio organismo.
Uno de los instrumentos centrales fue el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024. A través de esa herramienta se canalizaban compulsas de precios que, según la acusación, terminaban beneficiando siempre a las mismas droguerías y firmas proveedoras cercanas al esquema.
En el área de medicamentos, por ejemplo, se aplicó un sistema de compulsas “especial” al que solo accedía un grupo muy reducido de empresas: Profarma S.A., Génesis S.A., Floresta S.A. y New Farma S.A. Según la fiscalía, dos de esas firmas funcionaban como competidores ficticios, simulando una puja que en realidad ya estaba resuelta de antemano. Así se concretaron 21 licitaciones restringidas por más de 30 mil millones de pesos, de las cuales el 93,11% terminó en manos de Profarma y Génesis entre julio de 2024 y agosto de 2025. En el rubro de implantes cocleares, audífonos y productos vinculados, New Farma y Floresta concentraron más de la mitad de las adjudicaciones, acumulando operaciones por más de 9.500 millones de pesos.
La causa también sostiene que el esquema se completaba con el pago de coimas a funcionarios de la ANDIS, a cambio de garantizar prioridad en los pagos, rapidez en los trámites y continuidad de los negocios. Mientras el Gobierno insiste en su discurso de transparencia y ajuste sobre “la casta”, la investigación judicial pone bajo la lupa una estructura que habría utilizado recursos destinados a personas con discapacidad como caja de negocios privados.
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