El Gobierno enfrenta resistencias dentro de su propio esquema de aliados en el Senado para avanzar con la reforma electoral, luego de que
gobernadores como Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil rechazaran la eliminación de las PASO, una de las principales apuestas del Ejecutivo para modificar el sistema político y reducir costos.
La iniciativa libertaria propone suprimir las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, además de introducir cambios en el financiamiento partidario, la Boleta Única de Papel y el esquema de representación para el Parlasur, en un proyecto que ya fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales.
Ante ese escenario, los gobernadores aliados del Noroeste argentino, Jalil y Jaldo, habituales acompañantes del oficialismo en votaciones clave, se pronunciaron en contra de eliminar las primarias, lo que complica reunir los números suficientes para aprobar la reforma.
Sin embargo, la resistencia no proviene solo de Tucumán y Catamarca. En la Cámara alta, la
UCR avanzó con un proyecto propio que plantea una alternativa: mantener las PASO, pero con carácter optativo, lo que expone diferencias dentro del bloque dialoguista.
Otro sector del
radicalismo, que cuenta con una decena de votos, también manifestó reparos sobre varios puntos de la reforma, en especial en relación al financiamiento político y los cambios en el sistema de votación, que consideran pueden afectar la equidad electoral.
En ese esquema, la relación con el
PRO también atraviesa una zona de indefinición. El partido liderado por Mauricio Macri aún no fijó una postura sobre la eliminación de las PASO y evalúa el impacto que tendría en su estrategia electoral, ya que sostener las primarias le permitiría conservar margen de negociación en el armado de listas hacia 2027.
CONGRESO
Por su parte, en Casa Rosada insisten en que la eliminación de las primarias permitirá reducir el gasto público por supuestamente representar un costo elevado sin impacto real al interior de los partidos.
El debate recién comenzará en comisión en los próximos días, con la participación de funcionarios nacionales, pero el escenario ya anticipa una discusión atravesada por tensiones políticas y por la dificultad del Gobierno para sostener una posición unificada incluso entre sus socios legislativos.