Qué es Próspera, la ciudad-empresa libertaria que Peter Thiel fundó en Honduras

El magnate de la tecnología Peter Thiel, recientemente instalado en la Argentina, contribuyó a la fundación de un polémico proyecto que creó una ciudad libre de regulaciones en Honduras.

Se trata de Próspera, una ciudad-empresa que funciona en la isla de Roatán, a la que solo puede accederse por medio de una inversión. Millonarios de todas partes del mundo, pero principalmente de Silicon Valley, crearon un territorio libre de regulaciones y ajeno al control del estado hondureño.

El experimento tiene como origen una idea formulada por el economista Paul Romer, que planteó la posibilidad de que países en desarrollo deleguen parte de sus territorios poco poblados a “regímenes institucionales alternativos” para estimular el crecimiento económico de ese sector.

Con esa idea como inspiración, Honduras creó un régimen especial: la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

La historia de la ley ZEDE

En 2009, un golpe militar derrocó al gobierno democráticamente electo de Manuel Zelaya. A partir de entonces, los actores de la élite política y empresaria de Honduras ligadas al golpe trabajaron en una consciente desregulación de las normas ambientales y de protección de la soberanía sobre las tierras hondureñas.

Dos años después, el Congreso de Honduras aprobó una ley basada en las ideas de Romer: delegar la administración de parte del territorio con beneficios fiscales, administrativos y jurídicos para “promover las inversiones”. La revista The Economist reseñó, por entonces, los primeros pasos de esta iniciativa bajo el título: “Hong Kong en Honduras”.

Pero el trámite iba a ser más complejo de lo esperado. La Corte Suprema hondureña declaró inconstitucional la ley un año después, ya que cedía demasiada soberanía territorial a los nuevos emprendimientos. Tiempo después, el entonces presidente, Porfirio Lobo, destituyó a cuatro magistrados que fallaron contra la ley. En 2013, se aprobó una nueva versión levemente modificada.

La noticia de la creación de las ZEDE llegó rápidamente a los círculos tecno-libertarios de Estados Unidos. Un grupo de empresarios creó entonces Honduras Próspera Inc., con el financista venezolano Erick Brimen como promotor y cabeza del proyecto. Para 2017, bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández, el empresario Brimen consiguió el acuerdo para crear la primera ZEDE en el país. La sociedad se registró en Delaware, EEUU, bajo el nombre de Pronomos Capital, con un capital inicial de 120 millones de dólares que aportaron inversores de Silicon Valley como Peter Thiel y Sam Altman, entre otros.

En su promoción, Próspera dirigió mensajes a los “pioneros del siglo XXI” que se encontraban a la búsqueda de un lugar sin intervención estatal y con un paisaje paradisíaco. Se establecieron vuelos directos a la isla que, en menos de tres horas desde Miami o Houston, permitían a los dueños llegar a Próspera y abrir su negocio digital en minutos.

El lugar elegido para la ubicación de Próspera no parece casual. La ciudad-empresa se implantó en la isla de Roatán, cerca de la comunidad afrocaribeña Crawfish Rock. La isla fue reconocida como uno de los mejores lugares del mundo, en 2023, por la revista TIME. 



De clima tropical y rodeada por el segundo arrecife coral más grande del mundo, alberga en su interior al pueblo garífuna, que lucha desde hace siglos contra las amenazas a sus bienes naturales comunes y su soberanía. La isla es un espacio enormemente codiciado por el turismo extranjero de lujo y los inversores.

El régimen de administración y gobierno propuesto por Próspera cumple con el sueño de los multimillonarios de la tecnología: empresas sin regulación, un gobierno dirigido “por inteligencia artificial”, criptomonedas como moneda oficial y, fundamentalmente, la capacidad de diseñar el sistema sin ningún límite estatal o de un poder democrático.

Las ZEDE tienen la facultad de redactar sus leyes, promulgar sus códigos, reglamentos y establecer tribunales. Además, no pagan impuestos a los gobiernos municipales o nacionales sino directamente a la ZEDE. Una pequeña parte de esos ingresos va al gobierno central.

Próspera comenzó a funcionar formalmente como ciudad-empresa en el año 2020, con un régimen diferenciado del resto del territorio hondureño. Por ejemplo, si en Honduras se paga aproximadamente un 25% de ingresos brutos a las sociedades, en Próspera esa tasa se reduce al 1%. Pero no es la única ventaja. La principal es que, en caso de cualquier desacuerdo, la disputa se resuelve mediante arbitraje privado en lugar de apelar a los tribunales locales. Es decir, Honduras cedió - entre otras cosas - la soberanía jurídica sobre ese territorio. El marco jurídico es, además, a libre elección de los habitantes-dueños, quienes pueden adoptar leyes y regulaciones inspiradas en 36 ordenamientos jurídicos o crear uno nuevo.

Este tipo de desregulación provocó que Próspera se convirtiera en un lugar conocido por sus instalaciones médicas. Es que allí, los millonarios de la tecnología pueden realizar ensayos clínicos sin cumplir las normas establecidas por la FDA norteamericana. En una crónica del New York Times, un periodista contó que Patri Friedman (nieto del economista Milton Friedman y uno de los fundadores del fondo de inversión que invirtió en Próspera) se implantó un chip con la llave de su auto Tesla en la mano. La ciudad cuenta con un centro de Bitcoin asociado a empresas de tecnología que ofrecen servicios de terapia génica por 25.000 dólares, implantación subdérmica de chips y una variedad de mejoras cibernéticas. Symbiont Labs, por ejemplo, ofrece el servicio de ayudar “a las personas a convertirse en cyborgs autosuficientes”.

El conflicto en el CIADI

En las elecciones de 2022, luego de la destitución de Hernández, el candidato Nasry Asfura fue derrotado por Xiomara Castro, del Partido Libre. La candidata de izquierda hizo campaña con la abolición de las ZEDE como uno de sus principales ejes. Consideraba que el régimen había cedido la soberanía hondureña sobre el territorio, contra lo establecido por la Constitución del país. Tras su elección, Castro consiguió derogar la ley que autorizaba los emplazamientos como los de Próspera y la Corte Suprema los declaró inconstitucionales.




Pero allí no terminó el sueño libertario. A fines de ese año, Honduras Próspera Inc. y todas sus filiales presentaron una demanda al estado hondureño por 10.775 millones de dólares ante el CIADI (el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial), lo que representaba por entonces casi el 40% del PBI total de Honduras. Próspera reclamaba que los permisos y garantías otorgados por el Congreso hondureño no podían ser retroactivamente eliminados.

La demanda se presentó bajo un instrumento legal internacional de solución de conflictos entre inversores y estados conocido en inglés como ISDS (“investor-to-state dispute settlement”), incluido en el acuerdo original entre el gobierno de Honduras en 2017. A través de ese instrumento, los inversores suelen apelar ante tribunales ad hoc que reconocen esos derechos previos ante medidas soberanas de gobierno como endurecer sus regulaciones o imponer nuevos impuestos. El sistema de ISDS, por ejemplo, está siendo utilizado por inversores extranjeros en asuntos de energía para bloquear la capacidad de los países en vías de desarrollo de adaptar su matriz energética a las exigencias del cambio climático.

En el caso de Honduras, la situación fue aún peor: el presidente que firmó el acuerdo original con Próspera, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado en 2024 en Estados Unidos “por conducir a Honduras como un narco-estado”. Casi todas las demandas de este tipo contra el estado hondureño tienen origen en leyes o acuerdos realizados durante la época de Hernández quien, en diciembre de 2025, obtuvo un polémico indulto por parte del presidente Donald Trump.



El CIADI aún no emitió un fallo final sobre el caso, que sigue su curso. En 2024, el organismo rechazó el recurso que presentó Honduras. El gobierno argumentó que Próspera no había agotado los recursos legales internos antes de iniciar el arbitraje. Un año después, en octubre de 2025, los demandantes redujeron el reclamo económico a 1.630 millones de dólares.

Aunque la ley que creó las zonas especiales fue derogada, Honduras Próspera sostiene que tienen derecho a seguir funcionando, invocando un mecanismo legal denominado “cláusula de la nación más favorecida”. Dicha cláusula, contenida en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, permite a inversionistas extranjeros copiar disposiciones más favorables de otros tratados de inversión, aunque sus gobiernos no hayan firmado esos acuerdos. La empresa apunta a un tratado firmado entre Honduras y Kuwait en 2014 (también durante el gobierno de Hernández). Al invocar la cláusula de la nación más favorecida a través del TLC con Estados Unidos, la empresa sostiene que tiene derecho a acceder a una protección de 50 años, independientemente del cambio de legislación en Honduras.

En este caso, Honduras Próspera apunta a un tratado de 2014 entre Honduras y Kuwait que incluye una garantía específica: proteger el estatus legal de las ZEDE durante 50 años, incluso si la ley que las autorizó fuera derogada. Al invocar la cláusula de nación más favorecida a través del TLC con Estados Unidos, la empresa sostiene que tiene derecho a acceder a esa protección de 50 años, independientemente de cualquier cambio legislativo en Honduras.

El gobierno de Xiomara Castro recibió fuertes presiones de parte de Estados Unidos para revertir la decisión. El Departamento de Estado publicó en 2022 un informe sobre “el clima de inversión” en Honduras en el que aseguraba que las medidas del gobierno, incluyendo la derogación de la ley ZEDE, “aumentaron drásticamente la incertidumbre sobre los rendimientos de las inversiones”.

Cuando Castro retiró a Honduras de un convenio del Banco Mundial en respuesta a las demandas de ISDS, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada publicó un comunicado lamentando que se “le cerrara la puerta en la cara a la inversión extranjera y a la comunidad internacional, enviando un mensaje alarmante de que en Honduras no valoramos la seguridad jurídica ni el diálogo”.

Cuestionamientos al proyecto

Próspera enfrenta serios cuestionamientos sobre lo que ocurre dentro de su territorio. Las sospechas sobre tráfico de drogas y blanqueo de capitales en zonas económicas especiales no son exclusivas de Próspera pero tampoco son ajenas. En las “zonas grises económicas” de diversos países abundan los casos de tráfico de drogas, lavado de dinero y trata de personas.

En otros casos, aparecen preocupaciones sobre el poder de las ZEDE para crear leyes laborales inhumanas. Muchos de los críticos de estos enclaves sostienen que la autonomía regulatoria de las corporaciones expone a los trabajadores a riesgos altísimos. Un ejemplo ocurrió durante la construcción de la torre más alta de Próspera, Duna Residencies, que supera por mucho la altura permitida por el código de construcción en el resto de Honduras. En 2024, un trabajador de la construcción murió tras un accidente laboral en esa construcción. Si bien Próspera asegura que su familia fue indemnizada de acuerdo a lo establecido por la ley hondureña, no hay información oficial al respecto. Los críticos  sostienen que la falta de transparencia sobre lo que ocurre al interior de la ciudad en distintos aspectos es uno de los problemas centrales de este tipo de desarrollos.



El último de los cuestionamientos se refiere a la existencia previa de pueblos originarios en la zona. En la isla de Roatán, junto a la reciente ciudad-empresa, existe el pueblo pesquero de Crawfish Rock, cuya comunidad de origen africano denuncia la utilización de los servicios de infraestructura y el despojo de tierras. La ley ZEDE creó un proceso de expropiación de tierras, a través de la introducción del concepto de “dominio eminente”, en nombre de expandirlas. 

El reclamo de tierras no es una novedad en Honduras. En 2015, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al estado hondureño culpable de violar los derechos de la comunidad garífuna y le ordenó pagar indemnización sobre los derechos de las tierras comunales (lo que, finalmente, nunca ocurrió).

El rol de Peter Thiel y el vínculo con Argentina

En las últimas semanas, uno de los inversionistas de este proyecto fue noticia mundial por haberse mudado a la Argentina. De acuerdo a un informe del New York Times, el magnate tecnológico Peter Thiel considera a la Argentina como “un plan B” ante el escenario político y económico norteamericano: tanto para escapar de la suba de impuestos en algún estado como para estar alejado ante potenciales conflictos globales.

La llegada de Thiel fue celebrada por el oficialismo como una señal de confianza internacional en el rumbo libertario. Desde entonces, la posibilidad algunos proyectos en común con Palantir, la compañía del magnate, tomaron estado público: desde una suerte de “pasaporte dorado” para facilitar la ciudadanía a multimillonarios hasta una contraprestación de la empresa Palantir en la creación de los gemelos digitales para el Ministerio de Desarrollo Social.



En paralelo, el Congreso argentino comenzó el jueves pasado la discusión por un proyecto que envió el Poder Ejecutivo para que ciudadanos extranjeros puedan adquirir tierras argentinas, aunque sufrió un traspié y su debate se pospuso. Según Julieta Caggiano, del Observatorio de Tierras del Conicet, el proyecto “le quita límites al sujeto más importante que adquiere tierras en nuestro país: las empresas y los fondos de inversión”.

No es la única iniciativa del gobierno en ese sentido. El denominado “súper RIGI” establece un marco jurídico específico para actividades de este tipo. Según el propio Javier Milei, en una nota publicada en The Economist, la iniciativa tiene tres pilares. En primer lugar, mantener a “la inteligencia artificial libre de regulaciones”. En segundo término, permitirá crear una nueva categoría societaria dentro del derecho argentino: la corporación no-humana. Es decir, entidades operadas por agentes de inteligencia artificial. Y, en tercer lugar pero no menos importante, “un entorno fiscal competitivo”. Los desarrollos de este tipo obtendrían beneficios impositivos como la baja de impuestos a ganancias empresariales y hasta la posibilidad de que los accionistas elijan “el régimen de gobierno corporativo que prefieran”.

El caso hondureño es algo más que una simple anécdota. Hace poco tiempo se publicaron audios privados que muestran un vínculo más que cercano entre Juan Orlando Hernández y el presidente argentino, Javier Milei. En los audios publicados en el marco de la investigación llamada "Honduras Gate", Hernández asegura que Milei se comprometió a aportar unos USD 350.000 para financiar operaciones de desinformación en Honduras contra la familia Zelaya, en Colombia y en México.

Thiel es parte de un grupo de magnates de la tecnología con un proyecto económico y político en común: eliminar las regulaciones de los Estados y los poderes democráticos a sus proyectos empresariales. El propio Thiel sostuvo en una conferencia que:

“la idea básica era que nunca podríamos ganar las elecciones para conseguir ciertas cosas porque éramos una minoría muy pequeña. Pero quizás se podría cambiar el mundo de forma unilateral sin tener que convencer constantemente a la gente, suplicarles y rogarles a las personas que nunca van a estar de acuerdo con uno. Y aquí es donde creo que la tecnología es esta increíble alternativa a la política”.



El caso de Honduras ilustra qué sucede cuando un estado cede autonomía regulatoria a corporaciones privadas: demandas internacionales de miles de millones de dólares, presiones diplomáticas de potencias extranjeras para revertir decisiones soberanas, y desprotección de derechos de comunidades locales. El "súper RIGI" argentino reproduce varios elementos del régimen hondureño: baja de impuestos, gobierno corporativo a elección de accionistas e inteligencia artificial desregulada. 

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