El Gobierno nacional aceleró las negociaciones con bloques aliados tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y puso en marcha una maniobra para intentar aprobar antes del receso parlamentario un paquete de proyectos considerados prioritarios por la Casa Rosada, entre ellos pliegos judiciales, la denominada Ley Hojarasca y la iniciativa sobre propiedad privada, luego de que la agenda oficial quedara relegada durante semanas por los escándalos que sacudieron a Manuel Adorni.
Ante el receso previsto para el 20 de julio, el oficialismo busca convocar una sesión el próximo miércoles 8 de julio y reunir los votos necesarios para avanzar con los pliegos de unos 30 jueces que ya atravesaron audiencias públicas, además del proyecto que elimina 63 leyes consideradas obsoletas y una reforma vinculada a la propiedad privada, una de las iniciativas que mayores dificultades presenta para reunir consensos.
Precisamente, el proyecto sobre
propiedad privada continúa siendo el más complejo para el Ejecutivo. La propuesta modifica aspectos de las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego y generó reparos tanto en sectores del peronismo como del radicalismo, que impulsó cambios relacionados con la autorización provincial para la venta de tierras, la preservación del ReNaBaP, los desalojos y el régimen de expropiaciones.
En paralelo, Santilli comenzó a tomar el control de las negociaciones políticas en el Senado con otro objetivo de fondo: reactivar la discusión sobre la
reforma electoral y avanzar con la
modificación del régimen de Zonas Frías, que contempla una reducción de subsidios y nuevos criterios para determinar los beneficiarios. La iniciativa ya cuenta con media sanción, aunque enfrenta resistencias de legisladores provinciales y radicales.
El oficialismo también pretende avanzar con una reforma de la
Carta Orgánica del Banco Central, anunciada por el presidente Javier Milei, aunque todavía no existe un cronograma definido para su tratamiento. Según trascendió, la intención es reforzar la autonomía del organismo y modificar el esquema cambiario, mientras continúa la elaboración del proyecto.
Otra de las iniciativas en estudio apunta a modificar la ley de
Inocencia Fiscal aprobada este año, luego de que el Gobierno considerara insuficiente la adhesión registrada hasta el momento. Entre los cambios que analiza el Ejecutivo figuran una flexibilización de los requisitos de ingreso y una revisión del criterio utilizado para determinar las diferencias entre las declaraciones de los contribuyentes y las observaciones del fisco.