El Estado deberá deberá pagar una multa de US$ 384 millones por la rescisión del contrato de la concesión que tenía la empresa francesa Suez.
El ex presidente de la Cámara de Diputados afirmó que el ex ministro de Transporte "es el más competitivo". Además, enfatizó que buscará volver a tener una banca en la Cámara Baja.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires se sumó a la postura que tuvo el oficialismo en los últimos días y cuestionó la decisión que benefició al represor Luis Muiña. Sin embargo, llamó a "respetar la división de poderes".
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al máximo tribunal argentino a respetar los estándares internacionales para delitos de lesa humanidad. “No pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”, resaltó.
“Adonde vayan los iremos a buscar”, cantaban víctimas y familiares tras la sentencia de la megacausa La Perla. En medio de insultos, él respondió: “Nosotros también”. El represor que lanzó sus amenazas sin importarle la presencia de cientos de testigos quiere recibir el beneficio que la Corte Suprema validó con su escandaloso fallo.
Cristina Fernández fue recibida por Alexis Tsipras. El mandatario sostuvo que "pese a la lejanía" consideraba que ambos países tienen "mentalidad semejante".
Rosatti, Rosenkantz y Highton de Nolasco fueron denunciados por “prevaricato”, delito que pena a los jueces que dictan resoluciones contrarias a derecho. Es la primera denuncia penal tras el fallo que avaló el beneficio de reducción de penas para represores condenados.
Así lo advirtió esta mañana el secretario general del sindicato Suteba, Roberto Baradel, durante una conferencia de prensa brindada en la sede porteña de ese sindicato. Las medidas pueden ir "desde movilizaciones hasta un paro de 24 horas".
Con la firma de Laura Alonso se publicó hoy la resolución que extiende hasta el 31 de julio el plazo para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas de 2016. La explicación oficial es que el Gobierno no dispuso los formularios necesarios a tiempo.
Lo anunció el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Propone que el beneficio sólo se otorgue a quienes estuvieron presos entre 1994 y 2001, cuando estuvo vigente la ley. Sin embargo, planteó que “hay que respetar las decisiones de los jueces”.