La central obrera volvió a cuestionar la falta de información sobre el proyecto oficial y advirtió que la ausencia de diálogo aumenta la tensión política y sindical.
El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, salió a respaldar con énfasis el proyecto de Reforma Integral del Código Penal y volvió a cargar contra las gestiones anteriores, mientras el oficialismo intenta acelerar en el Congreso una iniciativa que endurece penas y restringe derechos en nombre de la “seguridad”.
Se endurecen las penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente. Los detalles.
Ambos dialogaron sobre el conjunto de reformas estructurales que impulsa Javier Milei y coincidieron en la importancia de que el Congreso apruebe la Ley de Presupuesto 2026. Cuáles son las próximas reuniones.
Un informe privado reveló que la Argentina se derrumbó casi 10% en ingreso por habitante y quedó detrás de Chile, Uruguay y Panamá. Solo Haití mostró una caída más profunda.
La Casa Rosada terminó de definir el articulado y busca asegurar apoyos en el Congreso en medio del rechazo frontal de la CGT y las presiones de sectores empresarios para endurecer el texto. El proyecto será enviado en los próximos días.
En una ceremonia breve en el Salón Blanco, el Presidente entregó sables blancos a oficiales de las fuerzas federales, en lo que marcó la despedida formal de Patricia Bullrich antes del recambio en Seguridad. Alejandra Monteoliva estuvo presente como sucesora.
El Jefe de Gabinete despidió a Bullrich -que asume su banca como senadora nacional- y también le dio la bienvenida a la nueva funcionaria, Alejandra Monteoliva.
La Policía Federal realizó 19 procedimientos en Buenos Aires en el marco de una causa que investiga maniobras de lavado que se remonan al 2022 vinculadas a Banfield, movimientos sospechosos en cuentas bancarias y presuntas irregularidades fiscales detectadas por la DGI.
La organización advirtió que el proyecto oficial reduce o directamente elimina fondos clave para prevención, testeo y tratamientos, lo que pondría en riesgo la respuesta sanitaria y agravaría la situación epidemiológica.