01.12.2025 / POLÉMICA
Amerio avaló la reforma penal y profundiza el discurso punitivo del Gobierno
El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, salió a respaldar con énfasis el proyecto de Reforma Integral del Código Penal y volvió a cargar contra las gestiones anteriores, mientras el oficialismo intenta acelerar en el Congreso una iniciativa que endurece penas y restringe derechos en nombre de la “seguridad”.
El funcionario sostuvo que el Ejecutivo busca “terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes” y aseguró que “nosotros defendemos a las víctimas”, en sintonía con el discurso que viene impulsando el presidente Javier Milei y su círculo más cercano. Las declaraciones de Amerio retomaron una línea argumental que el Gobierno repite desde diciembre pasado: instalar una falsa división entre “víctimas” y “derechos humanos”, apuntando a deslegitimar políticas garantistas.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, ratificaron que el proyecto será enviado en los próximos días al Congreso para su tratamiento en el período de extraordinarias. Desde Casa Rosada insistieron en que Bullrich realizó “un enorme aporte al restablecimiento del orden” y reiteraron la imagen de un país que, antes de su gestión, “estaba sumido en un verdadero baño de sangre”, donde “los piqueteros eran dueños de la calle” y Rosario aparecía como “zona liberada para los narcoterroristas”.
La reforma impulsada por el oficialismo agrava las penas para homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas, y elimina la prescripción en casos de abuso sexual y homicidio agravado. Organismos de derechos humanos y especialistas en derecho penal vienen advirtiendo que estos cambios no sólo no reducen el delito, sino que profundizan lógicas de criminalización selectiva que golpean especialmente a los sectores más vulnerables.
Amerio celebró que “hoy estamos dando un paso muy importante enviando el nuevo Código Penal al Congreso”, aunque desde la oposición y el ámbito académico ya anticipan que dará lugar a un debate intenso. En el trasfondo, vuelve a aparecer un Gobierno decidido a consolidar un rumbo punitivista, mientras pretende recortar garantías bajo la narrativa de que “la seguridad” se resuelve con más castigo y menos derechos.
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