24.12.2015 / Especiales
El año de Ni Una Menos
Después de muchos ańos de lucha, y cientos de casos de violencia de género, miles de mujeres se organizaron bajo el colectivo Ni Una Menos. Desde allí signaron un año en el que sólo se hablaba de la campaña política. El 13 de junio se realizó una multitudinaria marcha en todo el país que derivó en la aprobación de leyes que venían reclamando desde hace muchísimo tiempo.
La marcha realizada el miércoles 3 de junio contra la violencia de género y los constantes casos de femicidios en Argentina ha sido un éxito total en su convocatoria. Cientos de miles de ciudadanos mujeres y hombres se han movilizado para participar demostrando su apoyo, no sólo en la plaza de los Dos Congresos sino en todas las capitales de provincia y en miles de ciudades en todo el país.
Este marco auspicioso de acompañamiento masivo a una causa urgente, que pone el foco de la opinión pública en un problema social muchas veces invisibilizado o "normalizado" como algo cotidiano e inmodificable, es la oportunidad perfecta para ver el estado del problema, lo que se ha hecho bien, mal y lo que falta y puede hacerse.
El peligro real de este tipo de convocatorias es que por su carácter difuso y abierto (que permitió que se subieran todas las expresiones políticas, mucho para bien y también algo para mal) en cuanto rechazo de una situación (ni una menos, basta de femicidios) muchas veces al movimiento que se genera le cuesta pasar a la fase propositiva concreta o programática. Para decirlo en criollo: el que mucho abarca poco aprieta.
La convocatoria logró que se apruebe una Ley para combatir el femicidio y la violencia de género en general.
“Ni una menos” tiene cinco reclamos puntuales:
La implementación, con recursos y monitoreo, del Plan Nación de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, que establece la Ley 26.485. Garantizar el acceso de las víctimas a la Justicia, algo para lo cual debe haber personal idóneo y capacitado para recibir las denuncias, pero también algún mecanismo judicial que no revictimice a las víctimas, y también que ellas puedan disponer de patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial. La elaboración de un Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres, porque “sólo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de políticas públicas efectivas”. Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, en todo el país, y que se capacite y sensibilice a docentes y directivos al respecto. Garantizar la protección de las víctimas de violencia con monitoreo electrónico de los victimarios, “para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la Justicia”.
¿A quién le habla el 3J?
La marcha fue una interpelación de la sociedad civil al estado, demandándole que accione para prevenir y castigar estos delitos. Que haga algo que no está haciendo, y si lo esta haciendo (mal), que lo haga infinitamente mejor. ¿A dónde debe apuntar el movimiento del 3J? Aquí se abre una discusión fundamental que hace al diagnostico de la situación y necesita a toda costa esquivar y evitar las mezquindades políticas que se verán en estos días donde la oposición dirá que todo es culpa del gobierno; el ejecutivo dirá que es culpa de la justicia, y algunos idealistas dirán que es todo culpa de "la cultura", lo que es tirar la pelota sin quererlo, a la tribuna. Los tuits de la presidenta no ayudaron en ese sentido.
Hay cosas que puede hacer la sociedad civil y cosas que debe hacer el estado. El "estado" son los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, vivimos en un régimen federal por lo que cada provincia tiene sus tres poderes. Nación necesita articular con las provincias y los municipios.
Ni Una Menos
De dónde venimos
Argentina no es, a pesar de este momento sensible y doloroso que estamos viviendo, un mal lugar para que viva una mujer. No es una sociedad islámica ni confuciana, no hay intolerancia religiosa. Si bien la iglesia católica mete el hocico en cosas que no le corresponden, sumar en esta discusión cuestiones como el derecho a la interrupción del embarazo no conviene ni a la lucha contra el femicidio ni a lo primero, porque mezcla todo y de nuevo: el que mucho abarca poco aprieta. Vivimos en una sociedad con estado laico (la educación pública y los requisitos para hacer política lo prueban) que tiene una Presidenta, juezas, legisladoras, intendentas, empresarias, grandes periodistas. Mujeres empoderadas. Y sin embargo aberrantes crímenes como los sucedidos con inusual frecuencia en los últimos meses y cuestiones de género que en pleno siglo XXI no se pueden tapar como el sol con un dedo nos vienen a demostrar que es urgente y necesario generar una agenda pública en la cuestión. Realizar el diagnóstico, construir propuestas de políticas públicas, generar la densidad social y política para poder realizarlas y saber dónde se da la disputa, para poder ganarla.
En el caso del Poder Legislativo, en el año 2012, la Argentina sancionó la Ley 26.791, incorporando entre sus supuestos la figura del homicidio de una mujer, cometido por un hombre, en un contexto de violencia de género, que puede ser de cualquier tipo. Si bien el femicidio no es una figura penal, se lo considera un agravante y la pena siempre es prisión perpetua. Sabemos que la mayoría de los casos de violencia de género en general y femicidios en particular se dan en el ámbiente familiar por una pareja, ex pareja, padre, etc.
En el caso del ejecutivo, se han realizado políticas públicas brillantes, otras opacas, y otras oscuras. El caso del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación es ejemplo de una política pública impecable, que en los pocos años en que se ha puesto en marcha ha logrado rescatar miles de mujeres de las garras de la mafia, donde se mezcla crimen organizado con violencia de género, prostitución forzada y reducción a la servidumbre.
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