La oposición exige que Patricia Bullrich explique ante el Congreso el traslado de Astiz a una prisión VIP

La decisión del Servicio Penitenciario Federal de trasladar a 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad desde Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo desató un nuevo foco de tensión política. Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda (FIT-U) exigieron que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presente en el Congreso para explicar el operativo, que se concretó el pasado viernes bajo un fuerte hermetismo.

Desde UxP presentaron un proyecto para que Bullrich sea interpelada. El oficialismo apunta no solo al traslado en sí, sino también a las condiciones de detención en Campo de Mayo, consideradas más favorables, y a la posibilidad de que se haya facilitado el ingreso de legisladores libertarios a Ezeiza para visitar a algunos de los detenidos antes del cambio de cárcel.

“Hay que ponerle un límite a Bullrich”, reclamó la diputada Cecilia Moreau en sus redes, una de las impulsoras de la citación formal.

El FIT-U también llevó el tema al Congreso con un proyecto de repudio. Denuncian que este movimiento se enmarca en una política de “reconciliación encubierta” con los sectores que integraron el aparato represivo de la última dictadura. Según el bloque de izquierda, el cambio de prisión busca blanquear una rehabilitación simbólica de las Fuerzas Armadas y su participación en cuestiones de seguridad interior.

La mudanza de los represores comenzó a gestarse en abril, cuando el SPF comunicó a los tribunales que debía aliviar la sobrepoblación de los módulos de adultos mayores en Ezeiza. Campo de Mayo, donde ya se alojaban 52 condenados, recibió ahora a 19 más. Entre ellos figuran nombres emblemáticos de la represión ilegal, como Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Ricardo Cavallo y Rodolfo Cionchi, todos con condenas vinculadas a la causa ESMA.

A la lista se suman represores de otros circuitos represivos como el Atlético-Banco-Olimpo (ABO), Feced, Camps y el Plan Cóndor. El traslado nocturno, sin aviso público previo, generó fuertes cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos y reavivó el debate sobre el rol del Estado frente a los crímenes del terrorismo de Estado. La presión opositora ahora apunta a Bullrich, en un Congreso cada vez más marcado por las disputas ideológicas.