El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de indagatoria para la vicepresidenta Gabriela Michetti, en la causa en la que se investiga el origen del dinero que fue robado de su casa la noche en que Cambiemos ganó el balotaje presidencial.
Lijo entendió que el pedido de indagatoria había sido formulado por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien sólo es “denunciante” en la causa, pero no “parte” en ninguna de las formas contempladas por el Código Procesal Penal.
La defensa de Michetti, a cargo del ex camarista federal y ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, había pedido el rechazo al pedido del abogado Martínez Herrero al considerar que “excede las facultades previstas para el denunciante”.
El magistrado suscribió a esa lectura, “teniendo en consideración que únicamente las partes se encuentran habilitadas por el ordenamiento ritual para proponer diligencias”. Así, el juez dispuso el “desglose” del escrito de Martínez Herrero y “su devolución”.
Esto implica que el pedido de indagatoria formulado por Martínez Herrero ya no forma parte del expediente y, en los hechos, es como si nunca hubiera existido.
Pese a esto, la investigación continúa. Incluso, en los últimos días se conocieron nuevos elementos que complican a la vicepresidenta: al menos
cuatro nuevos testimonios confirmaron que la Fundación SUMA, que ella preside, no emitió comprobantes por las donaciones recibidas en la colecta electoral de 2015. Gran parte del dinero en efectivo que Michetti tenía en su casa de Balvanera y cuyo robo denunció pertenecía, según su defensa, a donaciones para esa fundación, que según indica la ley deberían haber estado bancarizadas.