Los docentes universitarios retomaron las medidas de fuerza esta semana y ya se anunciaron nuevas jornadas de protesta para los próximos días, en el marco de los reclamos por salarios, presupuesto y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Docentes y no docentes de las universidades nacionales pararon 24 horas en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y los fondos para hospitales universitarios.
Familias, docentes, estudiantes y trabajadores de colegios preuniversitarios impulsarán una campaña nacional de firmas para exigir que el máximo tribunal haga efectiva la norma de financiamiento y garantice recursos para el sistema educativo.
La propuesta en discusión incluyó un aumento salarial de 24,33% en dos tramos, un ajuste de 21,33% en julio y otro de 3% en octubre. El acta rubricada hoy también incluye un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y una negociación puntual para el personal docente de los establecimientos preuniversitarios.
La Casa Rosada retiró una de las principales condiciones que trababan la negociación y quedó cerca de cerrar un entendimiento que incluye aumentos salariales, fondos para funcionamiento y nuevas paritarias.
Docentes, estudiantes y trabajadores nodocentes realizarán una jornada de protesta en Tribunales para reclamar una definición judicial que garantice los recursos para el sistema universitario público.
El máximo tribunal rechazó un planteo del Gobierno para apartar a magistrados que intervienen en la causa por el financiamiento de las universidades nacionales y dejó abierto el camino para que continúe el expediente impulsado por el CIN.
El ministro de Desregulación sostuvo que garantizar recursos para las casas de estudio implicaría aumentar impuestos, encarecer el consumo y reducir el poder adquisitivo de los trabajadores.
La protesta incluye suspensión de actividades, movilizaciones y clases públicas en reclamo de paritarias y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La propuesta oficial generó rechazo entre rectores y gremios, que mantienen el reclamo por el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario. El CIN analiza los próximos pasos junto a las organizaciones sindicales del sector.