
La ex titular del Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones, Cristina Caamaño, denunció que “estamos ante un caso de espionaje político”, aseguró que las escuchas a la ex presidenta Cristina Kirchner formaron parte de una maniobra del Gobierno y confirmó: “Es una operación política completa”.
En diálogo con el diario Página 12, la ex funcionaria advirtió sobre los riesgos de reinstalar la antigua relación entre la inteligencia, el poder político de turno y la Justicia y acusó: “Por eso seguramente el Presidente se apuró tanto en quitarle al Ministerio Público Fiscal las escuchas. Lo hizo a través de un decreto que firmó el 24 de diciembre de 2015, a 15 días de asumir.”
Respecto de la responsabilidad de la Corte en las escuchas, Caamaño explicó:
“El mismo día en que aceptó el traspaso hizo un convenio para darle la operatividad de las escuchas dos jueces que pusieron a Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez federal Ariel Lijo, a cargo de las escuchas, juez que, oh casualidad, pidió las escuchas a Parrilli y a Cristina Kirchner, se supone que por presuntos vínculos con el caso Pérez Corradi. Pero a Pérez Corradi lo detienen en junio. ¿Por qué a Parrilli se lo escucha hasta septiembre? Es una excusa, la intención era escuchar a Cristina Kirchner.”
Además, advirtió que este accionar responde a “la misma lógica que utilizó Macri en la escucha a Sergio Burstein (familiar de víctima del atentado a la AMIA) y a su propio cuñado: buscar una excusa para poder desarrollar una escucha ilegal” y resaltó: “Además pide las escuchas por cuatro meses. Las intervenciones se extendían siempre como máximo un mes y cuando se estaba por completar el tiempo consultábamos al juez que la había solicitado si necesitaba continuarla, entonces se la renovaba por un mes más. ”
“Mientras hablábamos de que Cristina le dijo pelotudo a Parrilli, Gustavo Arribas no daba explicaciones sobre la sospecha que carga por coimas, sigue la inflación y el cierre de fábricas. Estamos en un país al que no le está yendo bien y en lugar de hablar de eso utilizan recursos del Estado para perseguir políticos. Éticamente es tremendo” concluyó.