A cinco días de la cuestionada decisión de la Corte Suprema de otorgar el 2x1 a genocidas y conocida el pedido de imputación del fiscal
Guillermo Marijuán a los supremos
Horacio Rosatti,
Carlos Rosenkrantz y
Elena Highton de Nolasco, el juez a cargo de ese expediente,
Daniel Rafecas, criticó el beneficio que el máximo tribunal otorgó a un genocida, pero sembró dudas sobre la posibilidad de que avance como causa penal al considerar que
"es un delito poco visto" y que es
"raro investigar a miembros de la Corte por un fallo".
"Es una situación muy delicada desde el punto de vista institucional", consideró el magistrado, que deberá decidir si avala el requerimiento del fiscal Marijuán y abre una causa penal o no lo comparte y resuelve desestimarlo.
En el mismo sentido, Rafecas expuso dudas respecto sobre el avance de la investigación como causa penal por prevaricato:
"Es un delito poco visto, situaciones donde un magistrado dicta resoluciones o sentencias en donde intencionalmente sabe que está actuando contrario a lo que establecen las leyes".
"Como ocurren en las denuncias federales, se recibe una denuncia, el juez le avisa al fiscal y el fiscal puede pedir la desestimación porque entiende que no hay delito, pedir medidas previas antes de dictaminar o puede requerir la instrucción por entender que debe investigarse un delito de acción publica", aclaró.
El magistrado expreso que es
"raro investigar a miembros de la Corte por un fallo", y adelantó que va a dedicar los próximos días en su juzgado para decidir qué hacer en este caso. "Como juez hay dos opciones: puede avalar ese requerimiento y abrir una causa penal o puede no compartir el criterio del fiscal y resolver una desestimación".
En relación cuanto a la polémica resolución de la Corte, Rafecas criticó el 2x1 a genocidas al sorprenderse por la reacción de la gente:
"Nos ha sorprendido positivamente la reacción social que hubo por el fallo 2x1 de la Corte. Es un síntoma de madurez de la sociedad democrática".
El abogado
Marcelo Parrilli presentó la denuncia penal contra los jueces de la Corte Suprema que votaron a favor de la aplicación del "dos por uno" en un caso de delito de lesa humanidad y derivó en la investigación a cargo de Rafecas.