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El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán declaró inconstitucional la aplicación del 2x1 en casos de lesa humanidad. En su planteo, consideró que
otorgar el beneficio equivaldría a "una amnistía y una prescripción camuflada". Así, rechazó de plano el pedido de excarcelación presentado por la defensa del represor Carlos Eduardo Trucco.
"La aplicación de la ley 24.390 (del 2x1) en el caso significaría aplicar una amnistía y una prescripción camufladas con argumentos falaces de garantismo", señaló el TOF que preside el juez Gabriel Casas, y añadió que no lo haría por ser "inconstitucional e inconvencional".
El pedido había sido formulado por el abogado Facundo Maggio en favor de Trucco, condenado en diciembre de 2013 a 18 años por los delitos de
asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, tormentos agravados, torturas seguidas de muerte y homicidio, en el juicio conocido como Megacausa Arsenales II-Jefatura II.
El fiscal federal Pablo Camuña, que se había pronunciado en rechazo a la aplicación del beneficio a Trucco por tratarse de un condenado por delitos de lesa humanidad, destacó la resolución del Tribunal.
La resolución de los jueces tucumanos se suma al reciente fallo de un tribunal de San Juan y al pronunciamiento de fiscales federales en el mismo sentido. De hecho, ante el repudio generalizado –incluso, en cuanto a aspectos técnicos- que generó el fallo de la mayoría cortesana,
especialistas en derecho constitucional ya habían advertido que se produciría una “rebelión judicial” en rechazo a su aplicación. Con un objetivo: que fueran los miembros de la Corte responsables del fallo quienes tuvieran que convalidar con su firma la liberación de genocidas como Alfredo Astiz o el “Tigre” Acosta.
“Creo que va a haber una suerte de rebelión judicial ante este fallo y los tribunales inferiores no van a aplicar el estándar Muiña y no van a liberar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Se lo van a dejar todo el proceso en manos de la mayoría de la Corte Suprema”, señaló por caso el letrado Andrés Gil Domínguez, en una
entrevista con Política Argentina.