A más de dos meses de la desaparición de
Santiago Maldonado durante una violenta represión de Gendarmería contra la comunidad mapuche en Chubut y a pesar de las múltiples recomendaciones de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, el Gobierno de
Mauricio Macri no sólo
impidió que expertos de la ONU brinden asistencia en la investigación sobre el joven desaparecido sino que
también lanzó una explicación sobre la negativa que roza con la sorna.
Aunque parezca increíble,
el ministro de Justicia, Germán Garavano, fundamentó en motivos de "soberanía" y "burocráticos" la marcha atrás que dio el Gobierno en autorizar a expertos del organismo internacional más prestigioso del planeta a sumarse a la investigación por Maldonado a través de asistencia técnica.
"La decisión de (dejar participar al) Alto Comisionado (de la ONU) era un tema que a poco de andar se verificó que tenía varias dificultades en términos formales y burocráticos y en términos de lo que es la soberanía y la jurisdicción del propio juez", lanzó como fundamentos el funcionario al participar de un acto oficial en el cual hizo entrega de fondos públicos al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense para los institutos de menores.
Garavano, que supuestamente había sido uno de los impulsores dentro del oficialismo de autorizar el desembarco de la ONU, intentó matizar la increíble explicación:
"Nosotros seguimos en contacto con el Alto Comisionado (de la ONU, al cual) se manifestó en ese momento que no era el momento para avanzar en esa situación".
El 12 de septiembre, el jefe de Gabinete,
Marcos Peña, recibió al representante del Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU,
Amerigo Calcaterra, con vistas a
crear una comisión de expertos externos que "colabore" con la investigación.
Esa iniciativa había sido planteada por la familia del joven desaparecido desde el 1 de agosto en Esquel para que "un equipo independiente siga la investigación" para dar con su paradero, del que no se sabe nada luego del desalojo violento de Gendarmería a una protesta de la comunidad mapuche en la ruta 40, en Chubut.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU había expresado su preocupación por la
"falta de progreso en las investigaciones que se están llevando a cabo", y pidió a las autoridades
"realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular a la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzada".
Cuando parecía que el presidente
Mauricio Macri no iba a poder eludir la aprobación de esa iniciativa, al día siguiente el Gobierno, a través de Peña,
rechazó el plan del que había participado Garavano e informó al Alto Comisionado que "por ahora no se va a avanzar en el pedido de que se sumen a la investigación" ni se conformará un "grupo de trabajo".
