En uno más de las aparentemente cronometradas decisiones de Comodoro Py de los últimos dos años, al día siguiente de jurar como senadora nacional,
la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner por Los Sauces, en un expediente en que se la investiga como presunta jefa de una asociación ilícita y por lavado de dinero, junto a sus dos hijos, el diputado Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, causa en la que CFK está acusada de simular contratos de alquiler para encubrir retornos de contratistas del Estado.
Además, la sala I del Tribunal de Apelaciones confirmó los procesamientos de ambos hijos de la senadora electa, de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y del detenido Lázaro Báez y sus hijos Luciana, Leandro y Martín Báez, entre otros, según el fallo de 195 carillas al que accedió Télam.
No obstante,
los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero dictaron la falta de mérito de la expresidenta por "negociaciones incompatibles" con la función pública, uno de los delitos que había usado para procesarla el juez del caso, el cuestionado
Claudio Bonadio.
Además,
avaló la decisión de Bonadio de declararse incompetente y girar la causa a su par Julián Ercolini, que tiene en sus manos otras dos pesquisas en las que está procesada la senadora que asumirá su banca el 10 de diciembre: Hotesur y direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez. De esta manera,
Ercolini será el encargado de enviar a juicio a todos los acusados.
En lo referido a la exmandataria, la Cámara confirmó su procesamiento como presunta "jefe" de asociación ilícita en concurso real con lavado de activos y admisión de dádivas. Por otro lado,
además de dictarle la falta de mérito por "negociaciones incompatibles", le redujo su embargo de $130 millones a $110 millones.
En cuanto a su hijo mayor,
el diputado nacional Máximo Kirchner, los camaristas también dieron luz verde a su procesamiento como supuesto jefe de asociación ilícita y lavado de activos, y avalaron el embargo de $130 millones dictado en su contra, sin reducción como en el caso de Cristina. En cuanto a Florencia, quedó acusada como miembro de una asociación ilícita y lavado de activos con un embargo de $100 millones.
Sobre los empresarios,
el Tribunal agravó la situación de López y De Sousa, los dueños del grupo Indalo, ya que llegaron procesados como organizadores de asociación ilícita y les sumó el delito de lavado de activos y ofrecimiento de dádivas. Los dos empresarios
quedaron embargados por $130 millones.
En cuanto al ya detenido santacruceño Báez, dueño de Austral Construcciones, también quedó acusado como organizador de una asociación ilícita y lavado de activos, con un embargo de $110 millones.
