Hace ya varios meses que distintas universidades públicas de nuestro país se vienen manifestando sobre el deterioro de las condiciones institucionales en materia presupuestaria. Primero fueron algunas pocas, las más castigadas, denunciando a través de sus autoridades y comunidades académicas el desfinanciamiento cotidiano al que eran sometidas desde el gobierno nacional. Promediando el mes de agosto, fecha en que comienza el segundo cuatrimestre, la situación lejos de reencauzarse se profundizó.
El síntoma contundente de este escenario es el paro de esta semana a través del cual se expresan las 6 organizaciones gremiales de docentes de universidades nacionales. Las acciones de protesta continuarán con una marcha federal el próximo 30 de agosto.
Las razones, que hace unos meses eran advertencias, hoy hacen insostenible el funcionamiento cotidiano de la universidad. A modo de resumen, la situación de estrangulamiento económico es la siguiente.
Cuando a fines del año 2017 se giró al parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2018, el gobierno contemplaba supuestos como un crecimiento de la economía superior a los 3 puntos porcentuales; un dólar a 20 pesos promedio para el año y una inflación del 15,7%.
La relevancia de este último indicador fue la referencia que el gobierno utilizó para proponerle a los gremios docentes una paritaria de 15% a pagarse en 4 tramos. Cifra que contrasta con la inflación real entre enero y julio que se ubicó en un 19,6%. La propuesta de aumento del gobierno está no menos de un 15% debajo de la pauta de inflación de 32% acordada entre el gobierno y el FMI.
Si la paritaria no se ajusta, Cambiemos le habrá quitado a los trabajadores docentes universitarios cerca de 20 puntos de ingresos reales entre 2016 y 2018, fruto de una inflación mayor a los aumentos otorgados.
Este ataque al salario de los/as trabajadores/as de la educación superior no es el único frente abierto por el gobierno en perjuicio de las universidades. La Ley de Presupuesto aprobada para 2018 contempla transferencias mensuales desde el Ministerio de Educación a las Universidades.
Desde abril de este año las universidades no reciben las transferencias correspondientes para hacer frente a los gastos de funcionamiento como limpieza, electricidad, agua, gas, compra de insumos de laboratorios, etcétera.
A la fecha,
el gobierno nacional a través del ministerio de Educación, adeuda transferencias por 13.500 millones de pesos. Completando un triple movimiento de ajuste. Primero por calcularse con un presupuesto absolutamente alejado de los números reales de la economía argentina en 2018, segundo, incumpliendo con las transferencias asfixiando a las universidades y, tercero, por el aumento indiscriminado del costo de los servicios básicos que vuelve a todas las previsiones sobre gastos de funcionamiento absolutamente insuficientes.
El sistema universitario no atravesaba una situación de esta gravedad presupuestaria y ataque al salario de los/as trabajadores/as del sector desde los años 2000-2001. Desde las propuestas de ajuste del efímero ministro de De la Rúa, Ricardo López Murphy hasta la crisis final de la convertibilidad.
Cambiemos logró no sólo la unidad de los 6 gremios docentes, sino también que se manifiesten críticamente prácticamente todas las universidades del sistema: desde las tradicionales como la Universidad Nacional de Córdoba o Tucumán y la UTN pasando por las de reciente creación como Río Negro, Arturo Jauretche o Hurlingham, solo por nombrar algunas ya que prácticamente no comenzaron las clases en ninguna de las 57 universidades nacionales del país, revelando la magnitud del conflicto generado por el gobierno nacional.
Otro elemento de ajuste al sistema pasa por la paralización de las obras de infraestructura en las universidades nacionales. Un reciente informe del Consejo Interuniversitario Nacional, organismo que congrega a las Universidades y a todos sus rectores/as, afirma que el 84% de los fondos establecidos para dicha función, estimado en 4.000 millones de pesos, se encuentra paralizado.
En resumen,
el sistema universitario está siendo sometido por parte del gobierno nacional a un estrangulamiento en su capacidad de funcionamiento. Se trata de una situación inédita en la historia reciente, que sumada al ajuste en el sector de investigación, ciencia y tecnología (CONICET, INTA, INTI, CNEA) conducen a una pregunta muy simple de enunciar: ¿Qué futuro imagina el gobierno de Cambiemos para la mayoría de los/as argentinos/as en estas condiciones y con la aplicación de estas políticas?
Dicho de otro modo
¿Hay acaso alguna posibilidad de tener un futuro mejor y más próspero para las mayorías populares y los/as hijos/as de los/as trabajadores/as si no se invierte en educación, ciencia y tecnología?
Néstor Kirchner planteaba que al país había que mirarlo de frente, no con la nuca. Por eso hoy peleamos contra un gobierno que sólo quiere ver de frente y arrodillado a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional para llevarnos una vez más a una situación de crisis y ajuste. La lucha política por la educación, la universidad pública y el desarrollo científico autónomo trasciende los límites sectoriales, se trata de la soberanía y de la dignidad de un pueblo.
No vamos a aceptar lo que nos propone Cambiemos: ajuste para los sectores populares, endeudamiento y ganancias extraordinarias para una minoría. El rechazo a la naturalización de ese escenario como el único horizonte posible es el centro de la pelea del momento.
Nos oponemos a la cultura de la resignación a la miseria que nos pretenden imponer porque sabemos que se puede construir un país con educación y ciencia para todos/as. Por eso no vamos a convalidar ni este ni ningún ajuste para el sector. Nunca.
Laura V. Alonso
Diputada Nacional por Unidad Ciudadana
Bloque FPV - PJ
Vice Presidenta 1° de la Comisión de Educación de la HCDN
