El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó Mauricio Macri para imponer la Ley de Extinción de Dominio sigue en el ojo de la tormenta y, como contó este portal ,
es copia a una decisión adoptada por la última dictadura.
La CONAREPA era la encargada de incautar bienes de opositores durante el oscuro período militar y años después, ya ene democaracia, el Estado debió indemnizar a quienes finalmetne la justicia no condenó.
La CONAREPA investigó a Isabel Perón y a otras 80 personas a las que se detuvo, se les confiscaron sus bienes y hasta en algunos casos, luego de quedar libres, se les prohibió ejercer su profesión.
Esto le valió al Estado pagos de indemnizaciones por más de $200 millones.
En el decreto presentado el último lunes, el gobierno nacional admite que la Extinción de Dominio podría tener consecuencias similares.
El artículo 12 del régimen es claro:
"La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Nacional a restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor equivalente en dinero".
El decomiso de bienes sin sentencia es uno de los puntos más cuestionados de la nueva reglamentación y los abogados constitucionalistas creen que será declarado inconstitucional, una de las razones por la cual el debate se trabó en el Congreso.