24.12.2019 / SEGURIDAD
El gobierno de Alberto Fernández le puso fin a "la colimba" de Patricia Bullrich
El Ministerio de Seguridad de la Nación dejó sin efecto este martes el Servicio Cívico Voluntario. También derogó los protocolos para el uso de armas de fuego y de las pistolas Taser y el programa Ofensores en Trenes, todas medidas que habían sido promovidas por la ex ministra de Cambiemos.
A través de la resolución 1231 del Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, publicada hoy en el Boletín Oficial, fueron derogadoslos protocolos para el uso de armas de fuego y de las Taser, revocó el Servicio Cívico Voluntario y el programa Ofensores en Trenes, todas medidas que habían sido impulsadas por la ex ministra del área Patricia Bullrich.
En cuanto a las armas Taser, se ordena que se elabore un protocolo que "regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad que se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales, puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica".
"La ausencia de regulación sobre cómo debe utilizarse este armamento ocasiona una situación de peligro exponencial -pudiendo transformar su uso en letal-", advierte la norma.
Sobre el denominado el Servicio Cívico Voluntario en Valores, se indica que "las finalidades y funciones asignadas a la Gendarmería no guardan correlación -y mucho menos en el marco de una política pública de seguridad democrática- con los objetivos y fundamentos del Servicio Cívico Voluntario, de tal modo que las tareas encomendadas a esa fuerza son completamente ajenas a las competencias asignadas al Ministerio de Seguridad".
Por último, se deja sin efecto también la norma que creó el Programa Ofensores en Trenes, por medio del cual los efectivos de fuerzas de seguridad podían solicitar DNI a los usuarios de ese medio de transporte.
Según se establece, esta medida "criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados", ya que "se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación".
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