03.02.2021 / La oposición en pandemia

La discípula de Carrió que denunció a Alberto por "envenenamiento" tampoco avala a The Lancet sobre la Sputnik

La diputada de JXC que encabezó la denuncia por supuesta "falta de información" vinculada a la adquisición de la vacuna de origen ruso, ahora dice que no es "especialista" ni tiene "elementos para decir si es suficiente la publicación" en la revista para "garantizar la seguridad". Insiste en que no se vacunará, pero pide que le llegue a su hijo a la vez que reclama el uso del tóxico dióxido de cloro.




Mónica Frade, la diputada nacional de Juntos por el Cambio más cercana a Elisa Carrió y punta de lanza de la insólita denuncia contra Alberto Fernández y Ginés González García por "falta de información" y "envenamiento" debido a la compra de dosis de la vacuna Sputnik V a Rusia, tampoco está conforme con la publicación de la prestigiosa revista científica The Lancet que antes reclamaba su espacio político

No obstante, el mayor de los papelones que se encarnan en su rechazo surge de los argumentos. Es que la legisladora de la Coalición Cívica básicamente reconoció que su denuncia se hizo sin conocimientos científicos ni consultas con especialistas: "No tengo elementos para decir si es suficiente la publicación de The Lancet para garantizar la seguridad de la vacuna. No soy especialista en el tema".

"En realidad no denunciamos al gobierno por envenenamiento, sino por la falta de información", ensayó como defens Frade, como si modificara el mamarracho, al tiempo que expresó que el juzgado del juez federal Sebastián Casanello fue quien tituló la carátula como denuncia por envenenamiento.

En una entrevista con Crónica Anunciada, por Futurock, la diputada "lilista" se sinceró en un daño autorealizado: "Nosotros no teníamos información sobre la vacuna rusa. A veces puede ser peor el remedio que la enfermedad"

Por si esto fuera poco, Frade insistió en que de todos modos no se aplicará la vacuna rusa pero llamativamente manifestó que espera que su hijo, que es trabajador de la salud, sí pueda aplicársela.  "Nosotros entendíamos que estaba riesgo la población con la vacuna rusa", reincidió.

Frade es la misma diputada nacional que, en el Congreso, reclamó la ingesta de dióxido de cloro para tratar el coronavirus, a pesar de que dicha sustancia es tóxica y no está recomendada para ninguna enfermedad. Ante esa situación, el conductor Juan Amorín le preguntó si tomaba ese químico tóxico para el ser humano -que fue popularizado por la recomendación en TV de Viviana Canosa y que se cobró la vida de al menos dos personas, entre ellas un niño de cinco años-.

"Yo lo que consumo es un problema mío. Yo no te pregunto pregunto a vos qué comés, si tomás vino, si fumás, si te drogas. No corresponde, porque es un tema privado. Es hasta una falta de respeto que me preguntes qué consumo", respondió con tono violento Frade.



En la Cámara baja, no obstante, la diputada había sido clara en su reclamo: "Creo que deberíamos mirar otros ejemplos de países Latinoamericanos que tienen autorizado, por ejemplo, el uso de dióxido de cloro o provincias Argentinas que tienen aprobado el uso del ibuprofeno inhalable y que con eso minimizan los efectos del virus".

El 23 de diciembre pasado, Carrió, Frade y diputados de la Coalición Cívica denunciaron ante la Justicia al presidente Alberto Fernández y al ministro de Salud por supuesta "falta de información" vinculada a la adquisición de la vacuna de origen ruso Sputnik V.

Tras la publicación de los estudios en The Lancet todo se encamina al cierre de la causa. La revista científica aseguró que los resultados de los estudios intermedios de los ensayos de fase 3 de la vacuna Sputnik V arrojaron una eficacia del 91,6% en la prevención del coronavirus.

La denuncia cayó por sorteo al Juzgado Federal 12, que subroga el juez federal Sebastián Casanello, por la salida del juez Sergio Torres, mientras que el fiscal que debía impulsar la investigación era Guillermo Marijuan. Antes ya estaba todo listo para hacerlo, pero ahora ya no hay razones para la persistencia del expediente y los dos deberían recomendar su cierre.

Entre los posibles delitos, mencionaban "envenenamiento" por la vacuna, "defraudación a la administración pública", "abuso de autoridad", e incumplimiento de "deberes de funcionario público".