Este lunes por la noche, el Gobierno Nacional presentó ante la Corte Suprema sus argumentos para defender el DNU sobre las restricciones para mitigar la segunda ola de coronavirus, que entre otras cuestiones, plantea la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según la presentación realizada por la
Procuración del Tesoro que conduce
Carlos Zannini y que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete, la Nación citó 100 años de jurisprudencia en los cuales un gobierno a nivel nacional dispuso medidas para un territorio en particular de la Argentina.
En la misma además alertó que de mantenerse la presencialidad en las aulas en el distrito porteño habrá un impacto tanto en la cantidad de casos de contagio positivos, como en las muertes, no sólo en la Capital Federal sino también en la Provincia de Buenos Aires, ya que es menester reconocer todo el territorio al
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como un distrito único en términos sanitarios.
CONSECUENCIAS
Así Nación avisó que si la Corte hiciera lugar al reclamo de la Ciudad
"aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones y por lo tanto se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios". Lo cual –advirtió la presentación- pondría
"en riesgo la salud de la población y el sistema sanitario no sólo de CABA sino también de la provincia, en tanto resulta parte integrante de este aglomerado urbano".
En esta línea, el organismo que reúne a los abogados del Estado solicitó que, antes de enviar una resolución, la Corte convoque como parte a la provincia de Buenos Aires con el fin de que -a través de sus autoridades sanitarias- exprese su posición en la disyuntiva planteada por la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo el organismo que encabeza
Carlos Zannini alarmó sobre el precipitado aumento en el número de contagios y la escasez de unidades de terapia intensiva que se computa diariamente en el AMBA.
"La saturación del sistema de salud tiene como consecuencia directa el aumento de las cifras de mortalidad. (…) Eso es lo que enfáticamente se busca evitar", sostiene el escrito, presentado a última hora del lunes ante la Corte Suprema, vía correo electrónico.
El documento argumentó así que
"resulta indispensable establecer restricciones en forma focalizada y temporaria, respecto de determinadas actividades o de la circulación de personas para disminuir la velocidad en el incremento de los contagios y para prevenir la saturación de los establecimientos del sistema de salud".
La Procuración defendió las medidas de cuidado asumidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial y aclaró así respecto de las clases presenciales que
"no fue únicamente la posibilidad de contagio que podrían haberse producido dentro de las escuelas" lo que motivó su suspensión temporaria. "La asistencia a dichos establecimientos genera una gran movilidad de personas en el AMBA", que cuantificó en "más de tres millones de niños", unos 300 mil docentes y los acompañantes que llevan y retiran a los estudiantes.
Tanto el Gobierno Nacional como el Provincial, vienen remarcando en sus diferentes comunicaciones sobre la situación epidemiológica, que la circulación en torno a las clases presenciales incluye además personal no docente, al sector transportista y otras actividades vinculadas. De manera tal que afecta no sólo al distrito porteño sino también a la provincia de Buenos Aires, desde donde provienen muchos de los individuos que conforman la comunidad educativa.
"Si para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se dejara sin efecto la medida dispuesta por el DNU, ello impactaría necesariamente en la región geográfica de la provincia de Buenos Aires", remarcó el texto.
Y en este marco, la Procuración refutó el argumento de la Ciudad sobre una intromisión en su facultad de decidir sobre la educación a nivel local.
"(El DNU) no cercenó el derecho a la educación", puesto que
"se adoptó una medida alternativa" para la continuidad educativa, en referencia a la modalidad virtual para las clases durante las dos semanas, que finalizarán el 30 de abril.
El escrito de 113 hojas lleva la firma de Carlos Zannini y los abogados del Estado, Santiago Herrera, Carolina Maidana y Axel Monsech Paez.
El Estado Nacional destacó la necesidad de adoptar medidas para
"afrontar una situación epidemiológica sin precedentes a fin de evitar un aumento desmedido de casos que lleve un colapso sanitario y al consecuente aumento de la morbilidad". La Corte quedó así en condiciones de dar los pasos procesales para resolver el planteo a la brevedad.
