La Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero (también conocida como Ley de Cupo laboral trans Diana Sacayán – Lohana Berkins) quedó promulgada desde el mediodía de este miércoles. La normativa fue oficializada durante un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada este mediodía y establece que al menos 1% de empleados públicos sea del colectivo travesti y transgénero.
La firma del decreto de promulgación de la Ley 27.636, que lleva por nombre
Diana Sacayán - Lohana Berkins, fue acompañada de las palabras del Presidente de la Nación Alberto Fernández luego de que la Secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra le acercara el proyecto para firmarlo.
“Las minorías solo tienen derechos si las mayorías toman la decisión política de ponerlos en agenda. Si no hay decisión de las mayorías para igualar a las minorías no llegan a todos, porque las minorías precisamente no tienen esa fuerza”, valoró el Presidente al referirse a la necesidad de que haya decisión política en términos de ampliar derechos.
Asimismo recordó los años de gestión de
Cristina Kirchner en la cual se ampliaron derechos y se alcanzaron múltiples conquistas de las minorías de la comunidad LGBTIQ+ con la Ley de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, entre tantas otras y expresó
“quisiera ganarle a Cristina y que mi gobierno sea más progresista que el de ella y consiga más derechos que el de ella. Nosotros nos impusimos una agenda de ampliación de derechos”.
En esta línea reflexionó lo que fueron los años de gobierno macrista donde la agenda de derechos quedó sumida a debates mediáticos sin avances efectivos y expresó que
“quienes quitan derechos están generando descarte en esa sociedad. Pensar en el descarte en una sociedad es una contradicción, la sociedad une, contiene”. Al tiempo que expresó que su objetivo como presidente es “darle fuerza a una democracia donde la diversidad exista, y dentro de la diversidad tiene que haber puntos de encuentro que nos unan. Uno de ellos es dejar de marginar al otro. Es terminar con la cultura del descarte. Si todos entendemos eso, y creo que los números de los votos en el Congreso demostraron que estamos acercándonos a entenderlo, estamos más cerca de una sociedad igualitaria”.
Y advirtió que
“mientras estemos vamos a apurarnos a promulgar todas las leyes que permitan que la ampliación de estos derechos se conviertan en reglas de convivencia. Y les pedimos a los empresarios que también se sumen y se comprometan con todo esto”.
Por su parte la ministra de
Mujeres, Diversidades y Géneros Elizabeth Gómez Alcorta describió a la ley como
“una conquista que salva vidas” al valorar que “ni la pandemia, ni la crisis económica fueron excusa para dejar de ampliar derechos”. Mientras que parafraseó a la referenta de la militancia travesti-trans y gran impulsora de la Ley Lohana Berkins al sostener que “estoy convencida de que el motor del cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para salvar el mundo”.
LA LEY
Entre otras reivindicaciones, la
Ley de Cupo laboral trans fija que los tres poderes del Estado nacional (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como también los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado deben contar en su planta de trabajadores con, al menos, 1% de la totalidad de personas pertenecientes a ese colectivo.
La ley fue aprobada por el Congreso de la Nación a fines de junio y dio status de norma nacional a una política pública que ya había sido implementada por Fernández a través del decreto 721/20 y que estableció el Cupo Laboral Travesti-Trans en el Sector Público Nacional.
EL NOMBRE DE LA LEY
La Ley nacional de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero (Ley de Cupo laboral trans) lleva el nombre de las activistas Diana Sacayán y Lohana Berkins, en conmemoración de sus impulsoras,
junto con las organizaciones LGBTI+ y defensoras de los Derechos Humanos. A nivel nacional constituye un paso fundamental en la reparación de las desigualdades históricas y estructurales que existen en la sociedad respecto a la población travesti-trans.
Diana Sacayán nació en Tucumán el 31 de diciembre de 1975 y fue
una de las principales activistas del movimiento de Derechos Humanos y de la lucha por el reconocimiento y la inclusión social del colectivo trans en Argentina y en la región. Fue asesinada el 11 de octubre de 2015, con 39 años.
El 18 de junio de 2018 el Tribunal Oral Criminal 4 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a su asesino en una sentencia en la que por primera vez la Justicia argentina calificó el asesinato de una travesti como un crimen de odio a la identidad de género aplicando lo previsto en el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal de Argentina.
Lohana Berkins, por su parte, nació en Salta el 15 de junio de 1965; y falleció el 5 de febrero de 2016. Fue una activista travesti argentina quien, durante su adolescencia y tras ser expulsada de su casa por su padre, se vio obligada a ejercer la prostitución (y fue perseguida por las fuerzas de seguridad).
En 1994, Berkins fundó la
Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), entidad que presidió hasta su fallecimiento. Fue impulsora de la Ley 3.062 -de Respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales-, aprobada por la Legislatura porteña en 2009.
Por otra parte, en 2008 lideró la creación de la
Cooperativa Textil Nadia Echazú, la primera escuela cooperativa para travestis y trans que lleva ese nombre en homenaje a la militante de los derechos de las personas travestis y trans. Además, en 2010, Berkins conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una alianza de más de 15 organizaciones que impulsó la sanción a nivel nacional de una ley que garantice la adecuación de todos los documentos personales a la identidad de género vivida y al nombre elegido por las personas y el acceso a tratamientos médicos de quienes soliciten intervenciones sobre su cuerpo. La Ley de Identidad de Género fue aprobada por el Congreso el 9 de mayo de 2012.
En 2013, en tanto, fue nombrada al frente de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, que funciona bajo la órbita del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.