19.08.2021 / Polémico
La Legislatura aprobó en CABA el proyecto de torres en Costanera Sur que beneficia al grupo IRSA
El larretismo dio el aval de primera lectura a un convenio entre Larreta e IRSA, para hacer edificios donde iba a funcionar la Ciudad Deportiva de Boca Juniors. La medida contó con el voto positivo de los legisladores del oficialismo porteño y aliados. No hubo ningún apoyo de espacios opositores.
Con 37 votos a favor y 20 en contra, la Legislatura porteña aprobó en primera lectura el convenio que habilita la construcción de "Costa Urbana", el polémico mega emprendimiento con el que IRSA apunta a transformar a la ex Ciudad Deportiva de Boca en un barrio más caro que Puerto Madero. El proyecto contó con el voto positivo de los legisladores del oficialismo porteño y sus aliados.
Con esta iniciativa, la aprobación que obtuvo IRSA modifica las normas urbanísticas del predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca, que tiene 71 hectáreas y se ubica al sur de la reserva ecológica que también está cercano al barrio Rodrigo Bueno. Los terrenos fueron propiedad del Estado nacional hasta que en la década de 1960 resultaron donados al club en cuestión con la prohibición de que luego sean vendido a privados. Sin embargo, en 1997 pasaron a manos de IRSA.
“¿Te indignaste con Costa Salguero? Bueno, mañana quieren modificar una norma en la Legislatura para habilitar la construcción de torres de lujo sobre el río. En 1997 IRSA compró el terreno en U$S 50 millones, si sale la ley pasa a valer (aprox) U$S 1600”, así cuestionó el proyecto de Larreta a través de su cuenta de Twitter el legislador Leandro Santoro, quien junto a otros referentes del Frente de Todos participó ayer de un abrazo a la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors para que esos terrenos sean destinados a fines deportivos y no a un negocio inmobiliario.
¿Te indignaste con Costa Salguero? Bueno, mañana quieren modificar una norma en la Legislatura para habilitar la construcción de torres de lujo sobre el río. En 1997 IRSA compró el terreno en U$S 50 millones, si sale la ley pasa a valer (aprox) U$S 1600.
— Leandro Santoro (@SantoroLeandro) August 18, 2021
¿Por qué pensas mal? 🤪 pic.twitter.com/yqKvlBqve1
El primer dato a tener en cuenta es que este tipo expedientes, que contempla un cambio de norma urbanística, se encuadra en los proyectos "de doble lectura". Esto significa que demandan dos sanciones por parte de los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la realización, entre ambas votaciones, de una audiencia pública para que la ciudadanía pueda expresar sus posiciones ante el proyecto.
El convenio que hoy el oficialismo quiere aprobar reforma al uso del suelo que rige en el predio 71 hectáreas, que pertenece a la empresa de bienes raíces e inmobiliaria IRSA, ubicado al lado de la Reserva Ecológica y del barrio popular Rodrigo Bueno.
Esos terrenos en la actualidad están destinados al uso con fines deportivos, ya que en dicha zona iba a construirse la Ciudad Deportiva de Boca, por lo cual el acuerdo alcanzado por la administración porteña amplía los usos y habilita la posibilidad de construir edificios de hasta 45 pisos.
La módica contraprestación que se le exige a IRSA es ceder al dominio público de la Ciudad un sector del predio para que sea un parque público.
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que denunció la inconstitucionalidad del proyecto, advirtieron que la votación legislativa se hará “sin respetar las mayorías que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”. Detallaron que “actualmente el bloque oficialista y sus aliados no cuentan con la mayoría de 2/3 de la Legislatura y van a votar este convenio urbanístico con la mayoría absoluta (mitad más uno=30+1)”. En este sentido, alertaron que “ya no sólo la planificación de la Ciudad sino también hasta el procedimiento de sanción de leyes está sometido a los intereses de la especulación inmobiliaria”.
Fue el 24 de julio que el juez porteño Guillermo Scheibler ordenó a los legisladores suspender el debate tras una acción de amparo presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad que consideró la realización de un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública previo a iniciar el debate parlamentario. Pero la semana pasada, una resolución del juez Luis Ammirato revocó una medida y la Legislatura tuvo manos libres para tratar el convenio.
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