La organización
Defensoría de Laburantes recolectará, a partir de hoy, información y pruebas sobre el "uso ilegítimo de datos personales" obtenidos a través de la Línea 147, en el marco de la campaña electoral, a fin de presentar una denuncia contra el
Gobierno porteño, y acompañará a las trabajadoras del
call center GIV S.R.L. en un reclamo por precarización y hostigamiento laboral.
A través de una campaña en redes sociales,
la organización convocará a todas aquellas personas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "que hayan recibido llamados o mensajes relacionados con la campaña y que no sepan de dónde se obtuvieron sus datos, es decir su nombre y apellido y su número de teléfono y DNI, a fin de presentar la denuncia penal correspondiente y un habeas data", adelantó la abogada de la Defensoría de Laburantes Tamara Rossi.
Esos datos personales fueron obtenidos por el call center de la empresa GIV S.R.L., que tiene la concesión de la Línea 147 del Gobierno porteño, donde unas 70 trabajadoras
denunciaron precarización laboral, malos tratos y hostigamiento.
"Ponen a sus trabajadoras a hacer tareas de la campaña electoral y a partir de eso se duplica la jornada laboral, pasando de 6 a 12 horas, y, aunque les prometen un salario mejor, les hacen firmar un contrato por el mismo salario y empiezan a sufrir presiones, hostigamientos y malos tratos para cumplir con cierto número de comunicaciones diarias", contó Rossi.
Las trabajadoras, junto con la Defensoría de Laburantes, iniciaron un reclamo en la justicia laboral porteña contra la empresa y el Gobierno de la Ciudad, por la "correcta registración del vínculo laboral, para que se cumpla con sus derechos laborales o, en su defecto, para que se las indemnice", añadió la abogada.
Si bien las empleadas de GIV S.R.L. decidieron por el momento no dar su testimonio a la prensa, la organización que las acompaña proporcionó un texto elaborado por ellas relatando lo ocurrido en el call center.
"Cada pregunta que hacíamos, nos gritaban que a esa altura ya tendríamos que haber entendido y que la experiencia la teníamos que sacar de una llamada a otra, y que si no anotábamos gente a las reuniones o las personas nos cortaban, era culpa nuestra", relataron las trabajadoras.
Sobre el lugar, dijeron: "Era una oficina dividida, por sección éramos 20 personas o más. Teníamos que pedir permiso para ir al baño y, si íbamos, medían con cronómetro cuánto tiempo tardábamos. Si hablábamos entre nosotras, nos cambiaban de lugar".
En el texto,
las trabajadoras manifiestan haber sido obligadas a mentir: "En las llamadas no podíamos decir que éramos de un call center ni que estábamos trabajando, teníamos que decir que éramos del grupo de María Eugenia Vidal o de Diego Santilli, que estábamos en la casa de un compañero, militando".
Sobre cómo habían obtenido los datos de contacto, se les indicó que dijeran que llamaban a "números aleatorios, cuando se trataba de un celular, y por guía telefónica cuando era un teléfono fijo".
Por último, revelaron que
existieron casos positivos de Covid-19 y sus empleadores nunca les avisaron. "Tuvimos que firmar una hoja que decía que cumplían con el protocolo, que pasábamos por un sanitizante, cosa que no hacíamos. Se desmayaron chicas, que perdieron el presentismo o tuvieron que comer una cucharada de sal y seguir en la linea, otras tuvieron ataques de pánico o tuvieron que ir a trabajar con síntomas por la vacuna", concluyeron.
Por este reclamo, las trabajadoras esperan ahora la fecha de la audiencia de conciliación, "que en la justicia laboral es obligatoria antes de comenzar una demanda judicial”.
