El abogado
Alejandro Rúa se refirió a la ampliación de la denuncia que había presentado en 2019 ante la ONU por la divulgación de escuchas ilegales de los detenidos en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, principalmente en el pabellón llamado IRIC.
En diálogo con
Política Argentina, resaltó
la responsabilidad política y penal de Mauricio Macri en el comando de esta actividad ilegal en la que intervinieron sectores de la justicia, la Agencia Federal de Inteligencia y del Servicio Penitenciario Federal.
Expresó también que
el ex Presidente "todavía no ha sido llamado a indagatoria pero que debería suceder" (como ocurrió en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan) e indicó que en la presentación que hicieron ayer se constató que existían "cientos de
llamadas identificadas entre las personas detenidas y sus abogados que deben ser confidenciales y no pueden ser objeto de ninguna interferencia".
Rúa precisó que la primera denuncia había sido realizada cuando se ventilaron las conversaciones de las personas detenidas y se tomó conciencia de que
había una intervención indiscriminada a través de la pinchadura de los teléfonos públicos y agregó que desde entonces a medida que aparecen nuevos elementos van actualizando esta información.
En la causa que se lleva adelante en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi se certificó que
medio centenar de abogados se encuentran en las escuchas ilegales de más de 300 conversaciones con sus defendidos, la mayoría detenidos en causas como las llamadas Cuadernos, GNL, Oil Combustibles y Ruta del Dinero, que vulneran las garantías procesales.
