El presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, concurrieron a una audiencia de conciliación en el marco de la demanda que el jefe de Estado le entabló a la dirigente opositora, luego de que esta afirmara que el Gobierno nacional había pedido coimas a ejecutivos de Pfizer para la adquisición de la vacuna contra el coronavirus.
La demanda del Presidente busca que la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri se retracte y asuma que lo que dijo no tenía anclaje en información cierta o que pague por sus dichos. No obstante, al terminar la audiencia llevada a cabo en la sede del juzgado civil 21, ubicada en Talcahuano 490, Patricia Bullrich ratificó sus dichos ante los medios y la Justicia.
"Mi abogado, Néstor Balian, le requirió al juez que haga concurrir a la sala de audiencia al presidente. Fernández se negó, seguramente por temor a enfrentarse conmigo. El acto de la audiencia fue irregular", afirmó Bullrich en su cuenta de Twitter.
Y agregó: "El Presidente no se animó a mirarnos a los ojos ni a enfrentar la situación, se escondió y mandó una patota".
Por su parte el abogado del Presidente, Gregorio Dalbón, señaló al término de la audiencia que el Jefe de Estado permaneció en una habitación contigua a la de la titular del PRO porque "no quería estar al lado de la persona que dijo que era un delincuente, porque él no lo es".
"Fue una audiencia muy bien llevada por el juez en donde preservamos al Presidente para que no haya ningún incidente. Estamos ante un hombre honesto, probo, no teníamos intención de que se vean las caras", añadió el letrado.
De esta manera,
el caso se abrirá a prueba, es decir que comenzará a investigarse si efectivamente la exministra difamó al jefe de Estado. El juez Sáenz analizará las pruebas: la del Presidente con el video del programa de televisión y la desmentida de la farmacéutica; la de Bullrich, dos denuncias de la Fundación Apolo presentada en Comodoro Py que plantearon sospechas sobre la compra de las vacunas.
La exfuncionaria
había asegurado en una entrevista a La Nación + que el Gobierno intentó colocar un "socio local" en las negociaciones con Pfizer y aseguró que eso significaba el intento de obtener un "retorno" a cambio de comprar las vacunas elaboradas por ese laboratorio.
El año pasado ambas partes habían protagonizado una mediación prejudicial que no llegó a ningún punto de acuerdo, por lo que Fernández, representado por el abogado Gregorio Dalbón, demandó a Bullrich por 100 millones de pesos.
"La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entra en etapa judicial. El presidente Alberto Fernández donará todo el resarcimiento al Instituto Malbrán como ya dijo", anunció Dalbón en junio pasado.
Los dichos de Bullrich fueron desmentidos por el propio laboratorio a través de un comunicado de prensa, primero, y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso de la Nación después.
"En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios", aseveró en su momento el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer en una reunión informativa realizada en la Cámara baja.
Al momento de la demanda, el Ejecutivo consideró que los dichos de Bullrich revestían "hechos de gravedad institucional", porque implicaban sembrar sospechas en las entonces ya complicadas negociaciones para conseguir vacunas contra el coronavirus, en medio de una pandemia.
