La
Cámara de Diputados aprobará finalmente esta semana el proyecto de
Presupuesto 2023, con el respaldo de los legisladores del oficialismo y de bloques provinciales.
El proyecto de ley busca una reducción del déficit fiscal y, a la vez, contempla la mayor parte de sus recursos para gastos sociales. Uno de los puntos incorporados por el oficialismo en las últimas jornadas es l
a eliminación de la exención en el pago del impuesto a las Ganancias que tienen los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, lo que permitiría sumar $237.000 millones a las arcas públicas.
La ley de gastos y recursos se discutirá en una sesión especial solicitada por el bloque del Frente de Todos (FdT) a partir del mediodía del próximo martes y se cree que la discusión del mismo -compuesto por 143 artículos- demandará alrededor de 22 horas de debate.
El oficialismo ya tiene garantizada la aprobación debido a que cuenta con 117 legisladores del FdT, 8 del Interbloque Federal, 4 de Provincias Unidas, 1 del Movimiento Popular Neuquino, y espera sumar dos de la bancada Ser, con lo que tiene asegurado más de 130 votos.
A esto se podría agregar el grueso de Juntos por el Cambio, que discutirá este lunes si votan en general, como propone la UCR y Evolución Radical; o si se abstienen, como prefiere la mayoría del Pro y la Coalición Cívica, aunque en un principio la idea de estos últimos es pronunciarse en contra.
La decisión se tomará luego de analizar algunos cambios que se fueron introduciendo en el dictamen durante este fin de semana, según señalaron a Télam fuentes parlamentarias opositoras.
Uno de los cambios fue eliminar la posibilidad de cobrar un extra del 15 por ciento en el monto que abonan los trabajadores registrados que cuentan con obras sociales prepagas, una cuestión que se barajó en los días previos.
El tratamiento del Presupuesto llegará a la Cámara baja luego de la ronda de consultas en la que participaron nueve ministros y más de 20 funcionarios del Poder Ejecutivo, y tras cuatro jornadas de análisis de los legisladores donde se introdujeron alrededor de 30 cambios respecto del proyecto original.
Esos cambios fueron consensuados entre el ministro de Economía,
Sergio Massa; la presidenta del cuerpo,
Cecilia Moreau; el jefe de la bancada del FdT,
Germán Martínez; la secretaria parlamentaria del bloque y miembro de La Cámpora,
Paula Pennaca; el equipo económico y los senadores nacionales oficialistas.
QUÉ ESTABLECE EL PRESUPUESTO 2023
El proyecto que presenta el ministro Sergio Massa, a pesar de las recientes modificaciones, mantiene todas las variables macroeconómicas: prevé un crecimiento de la economía del 2% en 2023, un dólar promedio de 219 pesos, un descenso del déficit fiscal del 2,5 al 1,9% y una pauta inflacionaria del 60%.
El presupuesto 2023 estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.
Uno de los temas que fue las últimas semanas el centro del debate -conducido por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller- fue la previsión sobre el incremento de precios este año, ya que hasta septiembre lleva acumulado una suba del 66,1% y en los últimos doce meses suma 83%, con lo cual
desde la oposición creen que no se podrá cumplir con el objetivo del 90% fijado en la iniciativa.
Por ese motivo, y ante el pedido de JxC, se incluyó una cláusula por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar
una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.
En ese sentido, el proyecto establece que si "al 31 de agosto la tasa de inflación superara el 10% la meta establecida en el Presupuesto o los ingresos superan el 10%, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria".
La iniciativa también establece que no se podrá ampliar el Presupuesto por decreto.
Otro punto que fue incorporado al proyecto impulsado por el oficialismo, y que viene generando debate desde hace más de 20 años, es la exención en el pago del impuesto a las
Ganancias que tienen los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial.
Además de los cambios sobre pauta inflacionaria y Ganancias en la justicia, el dictamen de mayoría incorporó más de una treintena de modificaciones que fueron planteadas por diputados del oficialismo y la oposición, entre los que se ubicaron la cuestión de los subsidios al transporte de pasajeros del interior del país, la posibilidad de deducir de Ganancias gastos educativos y una suba de partidas de los programas sociales, entre otras cuestiones.
En cuanto a
l transporte de pasajeros, el dictamen fija que se prorroga el fondo de compensación y se eleva de $ 66.000 millones a $ 85.000 millones como piso, pero establece la obligatoriedad de tener la Sube para controlar los subsidios por jurisdicción.
Sobre Cammesa, las provincias tendrán que controlar el pago de sus prestadoras al mercado mayorista y tendrán seis meses para acordar cómo se realizará el pago de las deudas que se podrán hacer hasta en 96 cuotas.
En cuanto a los
fondos destinados a la educación, se incrementarán 12 millones para comedores escolares; 4149 para equipamiento, unos 59 mil en las Becas Progresar, para el Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones, con lo cual el presupuesto total de educación ascenderá a $1.848.888 millones de pesos.
Sobre los
gastos sociales, Heller anunció un aumento en prestaciones alimentarias por $101 millones, asignaciones familiares por $90 mil millones, $19.700 millones al Fondo de Integración Socio-Urbana, y otros $4.000 para los derechos de la niñez.