Tras conocerse un escándalo en el municipio de Olavarría, bajo la gestión del intendente del PRO
Ezequiel Galli, de
corrupción con diferentes medidas de asistencia alimentaria,
concejales del Frente de Todos realizaron una denuncia penal ante las posibles irregularidades ya que, pese a que la administración reconoció lo sucedido sólo decidió iniciar una averiguación interna.
La posibilidad ya había sido advertida por los ediles opositores durante la última sesión ordinaria del HCD y se materializó este jueves luego de una serie de declaraciones públicas del secretario municipal de Desarrollo Humano y Calidad de Vida,
Diego Robbiani.
Es que en una serie de entrevistas,
el funcionario municipal reconoció las irregularidades en el uso de dos tarjetas alimentar y en seis pasajes dentro de la órbita de la subsecretaría de Desarrollo Social, además de vales alimentarios, dependencia a cargo de Silvana Rosales, quien renunció debido al estado público de estos hechos.
"En las diferentes notas radiales que ofreció Robbiani afirma que hay indicios claros y se han utilizado al menos 2 tarjetas, 6 pasajes y vales de alimentos; en todas las entrevistas hace referencia a que primero debe ser el área de Legal y Técnica la que corrobore que se ha cometido un delito y si es así él mismo realizará la denuncia penal. Esto es un error grave tratándose de un funcionario que además es abogado; si se trata de un delito o no lo debe determinar la justicia, no el área de Legal y Técnica que solo puede investigar irregularidades administrativas", destacaron los ediles en la presentación que realizaron ante el Ministerio Público Fiscal.
La denuncia fue presentada por
Natalia Alvarez, Ubaldo Garcia, Eduardo Juan Sánchez, María Mercedes Landivar, Maximiliano Wesner, Telma Cazot, Gastón Sarachu, e Ines Creimer, todos concejales del partido de Olavarria.
Los legisladores opositores en Olavarría precisaron que "hay una declaración que es contundente" que es cuando Robbiani asegura conocer "dónde compró" Rosales, ya que "en el sistema figura donde se hizo el débito", pero dijo desconocer "si fue esa persona o fue otra la que utilizó el fondo, si ese fondo fue utilizado por algún trabajador o un funcionario público".
"En estas expresiones estaría configurado el delito, las tarjetas fueron utilizadas y no por sus titulares, que no se sepa quién las utilizó no quita que el delito ya esté configurado.
No entendemos qué más tiene que esperar, él mismo indicó que 'hace 1 año y monedas' se repite esta operatoria y fueron los propios trabajadores los que denunciaron el hecho. A esto le sumamos que nos preocupa la imparcialidad de la investigación interna, atento que nos manifiestan que quién estaría tomando las entrevistas a los empleados es la Directora Morán, dependiente directa del Dr. Robbiani", remarcaron.
En ese sentido, los concejales del FDT destacaron que "los vecinos necesitan que se conozca la verdad" y que la Justicia "actúe rápidamente", además de que "la Presidencia del Concejo Deliberante ponga fecha de la Sesión Especial".
Según la presentación penal, se pide que se investigue a los funcionarios eventualmente involucrados por los delitos malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público y usurpación de identidad.
Finalmente, los denunciantes solicitaron a la Justicia distintas medidas, como secuestrar "la documentación relacionada al otorgamiento y operatoria de las Tarjetas CABAL, las planillas en las que consta la entrega de VALES de alimentos frescos y el otorgamiento de pasajes".
Pidieron también se libre oficio al Banco Credicoop para que informe el listado de personas que tienen alta a la fecha en el programa alimentario municipal, informe los movimientos, y las devueltas con saldo o sin utilización. Finalmente, reclamaron que se le tome declaración testimonial a los empleados de la Subsecretaria de Desarrollo Social de Olavarría, así como a Rosales y Robiani.
