24.06.2025 / MOTOSIERRA A LA ASISTENCIA
Milei vetó la ley de emergencia por inundaciones en Bahía Blanca y deja sin efecto el fondo extraordinario
El Ejecutivo frenó la aplicación de la norma que buscaba reforzar la asistencia estatal en las zonas más afectadas, al considerar que las medidas ya fueron implementadas por decreto.
A menos de un mes de haberse sancionado la ley de emergencias por catástrofe en Bahía Blanca, el presidente Javier Milei decidió vetar en su totalidad el proyecto que buscaba brindar asistencia integral a las zonas afectadas por las graves inundaciones ocurridas en marzo. La medida que impacta directamente en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales fue oficializada a través del Decreto 424/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial que lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La norma que había sido aprobada el pasado 4 de junio contemplaba la declaración de emergencia por 180 días y la creación de un fondo especial de $200 mil millones, "o la suma necesaria para atender los daños" del desastre climático. Sin embargo, el Gobierno envió de vuelta la ley al Congreso de la Nación.
El proyecto vetado preveía una batería de acciones orientadas a la recuperación económica y social de los damnificados, entre ellas, plazos de gracia para el cumplimiento de contratos y obligaciones, la priorización de contratación de recursos locales en obras de infraestructura, y la creación de líneas de crédito con condiciones preferenciales a través del Banco Nación.
El Gobierno defendió su postura al recordar que ya había dictado el Decreto 238/25, mediante el cual se constituyó un fondo especial de $200 mil millones para asistencia directa, que quedó bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. En esa ocasión también se creó el programa "Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R)", un subsidio por única vez para compensar pérdidas materiales.
Según datos oficiales, hasta el momento se registraron 37.546 personas para acceder a esta ayuda económica, de las cuales 32.076 ya recibieron el pago, mientras que otras 3962 solicitudes aún se encuentran bajo evaluación. Con estas cifras, el Ejecutivo remarcó que la respuesta estatal ya está en marcha y no requiere una nueva legislación.
Por otro lado, el veto se justificó también en aspectos formales: el Gobierno criticó que el texto aprobado por el Congreso no especifica la fuente de financiamiento para las medidas propuestas, lo que vulneraría el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Esta omisión fue destacada como contraria al enfoque fiscal del oficialismo, que hace eje en el equilibrio presupuestario.
Finalmente, el Ejecutivo rechazó la necesidad de establecer nuevas líneas de crédito, al considerar que el Banco Nación ya cuenta con las herramientas legales para asistir a pymes y familias en situaciones de emergencia. Con esta decisión, la Casa Rosada devolvió el proyecto al Congreso, cerrando así cualquier vía legislativa para implementar una nueva etapa de asistencia durante este año.
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